La Plataforma de Afectados por las Decargas Tóxicas del Puerto, derivadas del movimiento graneles, ha hecho público un comunicado en el que pide el cese del presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, por entender que con sus declaraciones del pasado viernes, 28 de abril, calificando de "terrorismo informativo" las acusaciones de la asociación vecinal Gran Vía Su, falta al respeto a "los vecinos y vecinas de Alicante por anteponer los intereses privados de unsa empresas al interés común, por su voluntad manifiesta de no cumplir la ley, y por su ineptitud durante estos años para solucionar de manera efectiva el problema de una actividad que está dañando la salud de todos los ciudadanos y ciudadanos de nuestra ciudad", según reza el comunicado hecho público por José Santa María, portavoz de la Plataforma.

Según la plataforma, las manifestaciones de Gisbert hacia el movimiento ciudadano que "reclama el cumplimiento de la ley y defiende la salud de los vecinos son desclasificatorias y fuera de la ley. Llamarnos terroristas informativos es un insulto inaceptable y una clara banalización del término. Nosotros ponemos en conocimiento de la opinión pública los datos contrastados existentes y hacemos uso de los instrumentos que el sistema democrático en el que vivimos nos ofrece, como acudir al Sindic de Greuges y el Defensor del Pueblo, a los tribunales y a los medios de comunicación por considerar que se vulnera nuestro derecho a la salud. Con sus declaraciones el señor Gisbert deja ver su falta de cultura democrática".

La Plataforma de Afectados considera, según su escrito, "mezquino decir que utilizamos a los niños y niñas como pantallas. La verdad es que ejercemos nuestra obligación como padres y madres al defender su derecho a la salud y a desarrollar su aprendizaje en un ambiente limpio y saludable", aseveran los vecinos.

La Plataforma insiste en destacar que sus denuncias sobre la contaminación de los graneles se sostienen con informes del "Seprona, Laboratorio G-Agua, resoluciones de la Conselleria de Medio Ambiente y autos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana".

Y, añade el escrito "respecto a la afirmación de que si no hay inversores no habrá naves cerradas, el señor Gisbert olvida la segunda parte de esta premisa. Si no hay naves cerradas no habrá actividad de graneles, por que si no lo exige estará incumpliendo la ley".