n El escrito de defensa de Javier Gutiérrez y José Luis Castedo niega los supuestos vínculos que, según los investigadores, les unirían con los empresarios Enrique Ortiz y con el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi.

El abogado Bernardo del Rosal asegura que no existe en la causa actuación alguna que indique que los acusados actuaran para beneficiar al empresario Enrique Ortiz en la tramitación del Plan General, ni que le reclamaran a éste dádiva o recompensa para que se clasificara a favor del promot0r suelo en la zona húmeda del saladar de Agua Amarga, ni en Fontcalent. «Los hechos referidos por las acusaciones únicamente relatan el interés del señor Ortiz por adquirir suelo ubicado dentro de estos parques naturales en un periodo de tiempo (junio a septiembre de 2009) en que el PGOU tiene la consideración de público», argumenta, aunque tampoco considera acreditado que Gutiérrez o Castedo realizaran gestión alguna para la adquisición de ese suelo, ni que éstos hubieran cobrado cantidad alguna por gestiones relativas al PGOU. El único trabajo realizado fue anterior a los hechos y no tenía vinculación alguna con Alicante.

Tampoco considera acreditado que ambos autocontestaran a la alegación presentada por el empresario Ramón Salvador Águeda para que el suelo que éste tenía en Pla de Xirau pasara a ser urbanizable. Según explica, las facturas cobradas a este empresario se refieren a procedimientos contenciosos y urbanísticos ajenos a la tramitación del PGOU. En este sentido, subraya que hubo otras alegaciones para esa misma zona presentadas por otros ciudadanos y a las que se le dio la misma respuesta. También niegan que ellos hubieran actuado al margen de los técnicos a la hora de resolver las alegaciones.

También asegura que «no existe relación laboral alguna, ni ninguna vinculación ilícita encubierta» entre el despacho Salvetti Abogados y Luis Díaz Alperi. El escrito de defensa asegura que son afirmaciones «meramente voluntaristas», ya que de los escritos de acusación se desprende que Gutiérrez y Castedo no tuvieron contacto alguno con Alperi durante la redacción del PGOU, ni en la fase en que pasó a exposición pública. En este línea, señala que los supuestos contactos se habrían producido para las acusaciones en fechas en las que Alperi ya no ostentaba algún tipo de capacidad de realizar o influir en el Ayuntamiento de Alicante.