Los abogados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez han cuestionado que se les lleve al banquillo por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante cuando «ni uno solo de los redactores del documento, ni uno solo de los técnicos municipales encargados de su control han sido acusados de nada». El abogado Bernardo del Rosal, que representa en la causa a los dos letrados urbanistas acusados, ha presentado ante el juzgado un extenso escrito de más de un centenar de folios en el que solicita el archivo de las actuaciones para ellos al considerar que de toda la investigación no se desprende ni un solo indicio delictivo contra ellos. La Audiencia sobreseyó la causa para el arquitecto redactor del PGOU investigado al no ver indicios de los delitos que se les imputaban. Del Rosal reitera que el documento de revisión del PGOU fue legal y no existió ninguna «trama societaria» para la revisión del planeamiento urbanístico.

La Fiscalía Anticorrupción pide penas que suman diez años de prisión para cada uno de los dos abogados urbanistas por delitos revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias; mientras que, en el caso de las acusaciones particulares, el Ayuntamiento reclama cuatro años y Esquerra Unida, ocho. Las acusaciones colocan al despacho de abogados de los dos acusados como una de las piezas claves del entramado para controlar el Urbanismo de la ciudad. Javier Gutiérrez fue concejal del PSOE y José Luis Castedo es el hermano de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, también acusada por estos hechos. Otros acusados en esta pieza separada del caso Brugal son el empresario Enrique Ortiz y el exalcalde Luis Díaz Alperi.

«Realidad especulativa»

Según Del Rosal, los hechos que se atribuyen a Gutiérrez y Castedo ni son ciertos, ni delictivos, ni han sido realizados por ellos. La defensa considera «desmedidos», y «artificialmente extensos» los escritos de acusación, que se limitan a hacer «de forma sesgada e interesada» un «corta y pega» de informes policiales o se limitan a copiar las transcripciones de las conversaciones que obran en ellos. «Las acusaciones crean una realidad especulativa, para lo que omiten todas y cada una de las abundantísimas diligencias practicadas a lo largo de la causa» que exculparían a ambos acusados, asegura. En este sentido, recuerda que los informes policiales se limitan a interpretar subjetivamente conversaciones telefónicas del empresario Enrique Ortiz (entre 40.000 y 50.000 en dos años, de las cuales sus defendidos sólo participan en menos de diez y cuando el Plan General ya era público.

De los escritos de acusación, según Del Rosal, ni se desprende qué arbitrariedades habrían cometido Gutiérrez y Castedo, a qué funcionarios habrían presionado y cómo, ni qué información reservada ha sido desvelada.

Nulidades

El escrito señala que la incorporación de los dos acusados a la causa se debió a un error de identidad de los informes policiales que vicia la imputación de ambos y debería anularse. Según explica, los dos abogados no empiezan a ser mencionados en los informes policiales hasta noviembre de 2009, cuando el Plan General ya era un documento público. El presunto error de identidad vendría en una conversación en la que el empresario pide a su abogado que se ponga en contacto con Javier Gutiérrez para encontrar dos millones de metros susceptibles de ser parque natural en el PGOU. Según la defensa, los propios informes dice que quien recibe el encargo no es Gutiérrez sino un empleado de Ortiz.

También considera que la acusación por un delito de cohecho vulnera sus derechos fundamentales, porque se ha formulado de manera «sorpresiva» en el último momento sin poder defenderse de ese delito.