Las formaciones de padres de alumnos de centros públicos y concertados, que han visto ratificada por los tribunales su demanda sobre la libre elección de la lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos, urgen al jefe de Consell que frene «la imposición del plurilingüismo», de lo que directamente culpan al conselller Vicent Marzà, de ahí que reclamen hablar directamente con Puig.
En un comunicado, Concapa y Covapa reclaman a Ximo Puig explicaciones al respecto y le reiteran que esperan desde febrero a ser recibidos «para defender nuestros derechos ante el malestar y gran preocupación entre los padres, al no haber encontrado respuesta en la Conselleria de Educación».
Sostienen desde las confederaciones de padres de alumnos que Las Cortes «aprobaron una ley de forma precipitada y sin consenso, con los principales valedores de la educación de los alumnos, las familias».
Con un evidente malestar focalizado en la persona del conseller, también preguntan al president de la Generalitat «si no es hora ya de exigir la dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzà, y su equipo», puesto que entienden que «su política educativa solo pretende imponer el valenciano y está siendo tumbada por los tribunales».
Si no reciben una respuesta que esperan «inmediata» por parte de Puig, los representantes de los padres advierten de que «las familias tendremos que salir a la calle y manifestarnos».
Tras la sentencia que les es favorable remarcan que «la justicia deja claro este derecho de los padres» puesto que el fallo del Tribunal Superior de Justicia expone que la mejor forma de ajustar la demanda de los padres y la oferta de la Administración «es dejarles que opten primero y organizar los proyectos lingüísticos de centro en función de su elección».
Además el TSJCV manifiesta que en el decreto de plurilingüismo examinado «no existe ese derecho individual de los padres», y que el curso pasado «tuvieron que elegir centro con el programa plurilingüe ya aprobado y prácticamente no podían elegir centro».
Para el conseller, sin embargo, la citada sentencia «no afecta al funcionamiento de los centros», porque insiste en que el fallo se refiere al «decreto ya derogado», obviando que también hace referencia a que «se mantiene» en la nueva ley de plurilingüismo.
