La juez abrió ayer juicio oral al exalcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, así como a sus asesores Pedro de Gea y Lalo Díez por los contratos de Comercio. La magistrada María Luisa Carrascosa les lleva al banquillo por un delito continuado de prevaricación. Los asesores no serán imputados por un delito de usurpación de funciones después de que tanto la Fiscalía como el PP, que ejerce la acusación particular, hayan descartado pedir pena alguna por este cargo. Ninguno de las dos acusaciones ha visto indicios de este delito. El doble procesamiento de Echávarri por esta causa y por el despido de la cuñada del entonces portavoz del PP, Luis Barcala, precipitó su dimisión de la Alcaldía.

La decisión de la juez se produce un día después de que la Fiscalía y la acusación particular hubieran presentado su escrito de conclusiones pidiendo llevar al banquillo a los tres investigados. La Fiscalía ha pedido una pena de diez años de inhabilitación de cargo público para cada uno de los tres investigados por prevaricación, según el escrito al que ayer tuvo acceso este diario. La pena es inferior a la solicitada por el PP para el exalcalde (para quien reclama doce años y seis meses) pero superior a la de los dos asesores (a quienes los populares solicitaban siete años para cada uno). Según el escrito de acusación, Echávarri sería el autor material del delito, mientras que De Gea y Díez serían cooperadores necesarios.

Fraccionamiento deliberado

El fiscal considera que hubo «un fraccionamiento deliberado y reiterado» por parte de los tres acusados para las facturas investigadas para eludir la normativa vigente en materia de contratación administrativa. Según el Ministerio Público, estas contrataciones debieron haber sido tramitadas legalmente mediante concurso público en lugar de contratos menores. «Si no se siguió la tramitación correcta fue para no superar el límite legal del contrato menor de servicios», argumenta. En este sentido, señala que por la cuantía de los contratos los importes fueron fraccionados «indebidamente» para ajustarlas al límite cuantitativo del contrato menor.

Las 25 facturas bajo sospecha, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2016, sumaban cerca de 180.000 euros se dividieron en tres grandes bloques: promoción publicitaria del Comercio; la Gala de Comercio y la renovación de la cartelería para los mercados municipales.

De profesión, abogado

Según el fiscal, las negociaciones y acuerdos relativos a cada uno de los 25 expedientes de contratación fueron decididos por Echávarri y llevados a cabo por personal de su confianza: Pedro De Gea y Lalo Díez, el primero en su condición de asesor de la concejalía de Comercio y el segundo como jefe de gabinete de Alcaldía. Cuando ocurrieron los hechos, las competencias de Comercio fueron asumidas personalmente por el entonces alcalde. En el escrito de acusación, se recalca que la profesión del exalcalde es la de abogado.

Según el relato del Ministerio Público, aunque De Gea y Díez carecían de funciones ejecutivas o decisorias, actuaron en nombre y con el consentimiento pleno de Echávarri, despachando todos los asuntos con sus asesores y siendo el autorizado legalmente de las facultades que permitieron concretar todas las contrataciones.

El fiscal subraya que Lalo Díez y Pedro de Gea no podían tener delegadas facultades atribuidas al alcalde, entre ellas las de contratar, al no ser miembros de la comisión de gobierno, ni concejales. Sin embargo, considera que ha quedado suficientemente acreditado que ninguno de los dos se hayan apropiado de facultades que correspondieran al alcalde, ni que se hayan arrogado el cargo de éste para usarlo como propio. Al contrario, entiende que éstos contaron con la esencial colaboración o la incitación directa del exalcalde, motivo por el que no les acusa del delito de usurpación de funciones por el que les procesó la magistrada.

Informes técnicos

El escrito de acusación recoge los informes del técnico Diego Agulló expresando sus dudas por estas facturas y alertando de que pueden suponer un fraccionamiento de contratos, «a la vista de la agrupación realizada». Los servicios se habían agrupado de manera autónoma e independiente y se consideraba que por el importe de todas se podía haber rebasado el importe mínimo del contrato menor.

Tras la decisión de abrir juicio oral, las defensas de Echávarri y sus dos asesores han sido citadas en el juzgado mañana para recoger los escritos de acusación y se les dará un plazo para que presenten los suyos. Superado este trámite, sólo restará enviar la causa a juicio.

La denuncia se presentó hace poco más de un año por el PP en la Fiscalía, aunque a finales de julio se presentó otra directamente en el juzgado. La magistrada citó a los investgados a declarar en octubre en una instrucción que se ventiló en apenas un mes y que si no ha ido más rápido ha sido por los recursos que han presentado las defensas contra el procesamiento de los investigados. La Fiscalía pide otros diez años más de inhabilitación para Echávarri por el despido de la cuñada de Barcala en una causa que investiga otra juez.