El Plan Confianza, el programa estrella ideado por el expresidente Francisco Camps en 2009 para sacar a los ayuntamientos de la asfixia financiera y que acabó siendo un auténtico fiasco, tiene los días contados. La muerte presupuestaria del denominado oficialmente Plan de Inversión Productiva tiene fecha de caducidad, junio de 2019, prácticamente coincidiendo con el fin de la legislatura del Botànic. Será el momento en el que el Ejecutivo que surja de las próximas elecciones autonómicas (si no hay adelanto tocan en mayo) podría soltar una mochila que lleva años condicionando el capítulo de inversiones ya que la ejecución de este programa ha sido tan lenta como engorrosa. Diez años después de que el Ejecutivo popular anunciara este plan (partió con una dotación a cargo de deuda de más de 500 millones de euros), todavía quedan 150 millones de euros pendientes de ejecutar y decenas de proyectos pendientes.
A estos municipios se les acaba el tiempo ya que, al menos sobre el papel, en junio de 2019 vencen los compromisos financieros adquiridos por la Generalitat con los ayuntamientos para pagar los proyectos ejecutados. La propia idiosincrasia del plan carga en los consistorios la gestión y ejecución de las obras (sólo en algunos casos ha recaído en las consellerias) y la Generalitat se limita a transferir el dinero cuando los municipios certifican el fin de obra. En la actualidad hay 52 municipios con proyectos del Plan Confianza en proceso de ejecución y todavía sin finalizar. De ellos 17 son de la provincia de Alicante.
En todo caso, y a no ser que la Generalitat decida algo diferente, estos ayuntamientos deberán darse prisa para acabar sus proyectos y poder así recibir la transferencia de la Generalitat. En caso contrario, perderán el dinero. La conselleria de turno podría replantear una prórroga, aunque está cuestión no está ahora encima de la mesa. En todo caso, en 2019 desaparece el plan de las cuentas públicas y la mochila, valorada a día de hoy en 149 millones de euros. Hacienda podrá por hacer desaparecer un plan que heredó del PP y cuya filosofía no comparte. Cómo el Plan Confianza se financiaba a cargo a deuda, esta partida no es dinero presupuestado real que pueda trasladarse a otros fines.
El compromiso, sin embargo, ha lastrado estos años los datos de ejecución presupuestaria, ya que el Consell tenía obligación de consignarlo, aún a sabiendas de que era muy difícil de ejecutar. De hecho, en 2015 la mochila heredada fue de 206 millones de euros. En tres años, apenas 50 millones.
El plan generó problemas desde su inicio ya que Camps lo lanzó en un momento de crisis y además con una clara motivación política: competir con el Plan E de Zapatero.
