La nueva renta valenciana de inclusión social entra en vigor mañana, con una ampliación de los requisitos y una mejora de los beneficios de los titulares de la ayuda, con cuantías que van de los 515 euros a más de 800, así como el derecho directo a ayudas de vivienda, becas escolares, eliminación del copago y acceso directo a la sanidad universal.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado que esta entrada en vigor "consolida la política de rescatar personas puesta en marcha por el Consell del Botànic" y que garantizará el derecho de toda la ciudadanía a disfrutar de una vida digna.

La nueva renta de inclusión incluye mejoras respecto a la actualmente vigente renta garantizada de ciudadanía, como el incremento del importe de la ayuda, la ampliación y flexibilización de los requisitos para acceder, el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática.

Oltra ha manifestado su satisfacción porque, cuenta la consellera, "se garantiza por fin un derecho subjetivo" a una prestación económica que permite cubrir necesidades básicas, "como es el acceso a una vivienda o el pago del agua, la luz o el gas, que son cuestiones básicas para tener una vida digna".

Además, ha reivindicado la gestión de la renta garantizada de ciudadanía "del Consell del Botànic en estos tres años",haciendo hincapié en las "51.247 personas destinatarias, un 61% más que las que había en 2013". Según ha indicado la vicepresidenta, la previsión es que esta cifra "crezca entre un 40% y un 50% en el primer año de implantanción de la nueva renta".

Modalidades

La prestación tendrá carácter indefinido siempre y cuando persista la situación que hace necesaria su percepción y la renovación se hará cada 3 años. Además, se amplía la edad para poder solicitarla hasta los 16 años, en aquellos supuestos especiales como las de jóvenes ex tutelados por la Generalitat o con personas a su cargo. Por otra parte, se contemplan cuatro modalidades de prestaciones económicas en función de la situación de vulnerabilidad económica, social o laboral de la persona y su unidad de convivencia: la renta de garantía y la renta complementaria.

Al respecto, la vicepresidenta del Consell ha precisado que las que entran en vigor este año son las prestaciones garantía de inclusión social cuyo titular suscribe, voluntariamente, un acuerdo de inclusión social; y la de ingresos mínimos, cuyo beneficiario no suscribe este compromiso.

Con la nueva ley, el importe de la prestación será, según el salario mínimo interprofesional a la que está referenciada, de 515,13 euros, en el caso de un titular, y 809,49 euros para una unidad familiar de seis personas. Una cuantía que puede verse incrementada hasta en un 25% en el caso de que la persona solicitante requiera ayuda para pagar su vivienda habitual o el suministro energético. En este último caso las cuantías oscilarían entre los 643,91 euros y los 1.101,86 euros.

Una de las novedades, ha apuntado Oltra, es que las personas destinatarias tendrán el acceso directo "en el mismo trámite y sin tener que gestionar nada más" a otros tipos de ayudas, como las becas de educación infantil, ayudas de libros de texto, gastos de matrícula de educación, becas de comedor escolar, sanidad universal y prestación farmaceútica y ortoprotésica.

Por otro lado, Mónica Oltra ha señalado que la norma simplifica la tramitación y se ahorra gestión burocrática, de manera que las solicitudes se tramitan a través de los servicios sociales municipales, mientras que el proceso de tramitación y pago de la ayuda se ejecutará a través de la Administración autonómica. Para agilizar el proceso, la Conselleria de Igualdad cuenta con una partida de más de 41 millones de euros que van a permitir a los ayuntamientos contratar a 1.573 profesionales.