Dentro de dos semanas finalizará el plazo que la juez ha dado a las acusaciones para que presenten su escrito de acusación por el presunto fraccionamiento de contratos. En esta causa, están procesados el exprimer edil Gabriel Echávarri y los asesores Lalo Díaz y Pedro de Gea por delitos de prevaricación y usurpación de funciones. La Fiscalía Anticorrupción y el Partido Popular deberán concretar las penas que piden para cada uno de ellos antes de que se abra juicio oral.
La magistrada María Luisa Carrascosa les investiga por facturas que sumaban 180.000 euros y que se tramitaron como contratos menores, cuando por cuantía tendrían que haberse sacado a concurso. Los gastos investigados se centraban en la Gala de Comercio de 2016, la campaña de Navidad y la imagen de los mercados municipales.
La Audiencia confirmó el auto de procesamiento de la magistrada argumentando que lo que pretendían los investigados era «improcedente» en este momento procesal, por intentar una valoración exhaustiva y profunda de las diligencias de investigación, algo que es más propio del momento del juicio.
La Audiencia señala que existen indicios de delito y de la participación de los investigados en ellas. «No consta de forma inequívoca e indubitada la ausencia de criminalidad en la conducta de los investigados, concurriendo indicios de la comisión de los delitos investigados», concluía.
