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El fiscal pide inhabilitar diez años a Echávarri por el despido de la cuñada de Barcala

El escrito de acusación se ha presentado pese a que aún está pendiente que la Audiencia resuelva los recursos por el procesamiento del exalcalde

En primer término, Gabriel Echávarri, con su abogado, a su izquierda, el día que declaró por el despido de la cuñada de Barcala. josé navarro

El mismo día en que Gabriel Echávarri oficializaba su renuncia como alcalde de Alicante, la Fiscalía presentó ayer en el juzgado su escrito de acusación al exprimer edil por el despido de la cuñada del portavoz del PP. El Ministerio Público ha solicitado una condena de diez años de inhabilitación para cargo público para Echávarri por un delito de prevaricación, según confirmaron a este diario fuentes cercanas al caso. Aunque el ya exalcalde había recurrido su procesamiento ante la Audiencia, el juzgado no había paralizado los plazos hasta que esta apelación estuviera resuelta y el tiempo dado a la Fiscalía para que presentara su acusación finalizaba ayer, por lo que éste lo remitió a la instructora ayer por la mañana.

Las causas judiciales penales abiertas a Echávarri son las que han motivado su dimisión. El exalcalde de Alicante se encuentra a punto de que dos juzgados distintos le envíen al banquillo por delitos de prevaricación. El primero de ellos es un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio, mientras que el segundo era el polémico despido de la funcionaria interina. La investigación concluyó que la medida era una represalia contra el PP tras denunciar en la Fiscalía las facturas de Comercio.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el escrito de acusación reproduce los mismos argumentos que ya expuso ante el juzgado para pedir el procesamiento del exalcalde. En él se recordaba que los hechos se remontaban al 18 de abril de 2017, el martes siguiente a las vacaciones de Semana Santa, cuando algunos funcionarios se encontraban de vacaciones. El Ministerio Público consideraba en dicho informe que el entonces alcalde actuó como represalia por la denuncia que el PP había puesto contra él en la Fiscalía.

Cese inmediato

El fiscal relata que Echávarri llamó al concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, que estaba de vacaciones en Santander, para decirle que tenía que cesar «de manera inmediata» a «la cuñada de Barcala». El alcalde le dijo que él se encargaría y que tendría todo preparado a su vuelta. En su argumentación, el representante del Ministerio Público incidía en que la voluntad del exprimer edil no era la hacer que se cumpliera la ley, sino cesar a la cuñada del portavoz del PP.

En el informe presentado al juzgado, el fiscal consideraba que los técnicos se limitaron a dar forma jurídica a la voluntad del alcalde y que éste ni siquiera pidió informes a la concejalía de Cultura para llevar a cabo el cese. La Fiscalía subrayó que los propios técnicos tuvieron sospechas «del ilícito proceder» de Echávarri, por lo que le llegaron a pedir por escrito la orden que les había dado para redactar el decreto de despido. El motivo esgrimido para el despido fue que la interina ya no se encontraba en el mismo destino para el que fue contratada. Catalina Rodríguez entró para la puesta en marcha de las Cigarreras y el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y fue trasladada por la concejalía al Museo de la Lonja.

En la misma causa estuvo investigado el concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, por ser quien firmó el decreto. Tanto el fiscal como la juez consideran que Giménez, que estaba defendido por el abogado Alejandro Bas del bufete Ruiz Marco, no tuvo participación en los hechos y se limitó a obedecer al alcalde, por lo que la causa se sobreseyó para él.

Como ya publicó este diario, el abogado de Echávarri, José Díaz, ha pedido a la Audiencia que revoque el procesamiento argumentando que el despido de Catalina Rodríguez del Museo de la Lonja fue una decisión administrativa legal que contó con el respaldo de los técnicos, lo que hace imposible que se hubiera cometido un delito de prevaricación. También plantea que sólo dos interinos se encontraban en idéntica situación a la de la trabajadora cesada y que también iban a ser despedidos. Sin embargo, la polémica suscitada obligó a Echávarri a dar marcha atrás y a readmitir a Catalina Rodríguez.

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