Alicante no es solo una de las provincias que menos inversiones recibe en función de su población, sino que también presenta un escenario poco halagüeño en lo que a pensiones se refiere. La provincia está perpetuada en el furgón de cola de algunas de las materias que más preocupación generan como son las jubilaciones o el mapa del reparto de inversiones estatales para recibir más infraestructuras.
Prácticas comunes en esta zona territorial como son la economía sumergida, los bajos salarios o el abuso de la estacionalidad en los contratos repercuten en las cuantías de estas prestaciones. Por ello, los sindicatos piden que el Gobierno centre su atención en combatir el fraude laboral, facilitar recursos para llevar a cabo las inspecciones de trabajo y derogar la reforma de 2013 con el fin de asegurar el poder adquisitivo de las más de 175.000 beneficiarios.
Los pensionistas de la provincia cobran 917 euros mensuales de media por jubilación, la cuantía más baja de la Comunidad Valenciana y por debajo de la media nacional que se sitúa en 1075 euros. Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social arrojan sensibles diferencias entre comunidades autónomas y dejan en muy mal lugar tanto a la Comunidad Valenciana como a Alicante, que se encuentra entre las 12 provincias con las prestaciones más bajas de las 50 españolas. Además, el análisis de las jubilaciones en la Comunidad Valenciana evidencia que Alicante sigue situada en el vagón de cola, puesto que Castellón tiene un promedio de 925 euros y Valencia de 1.034.
La secretaria territorial de UGT en L'Alacantí-La Marina, Yaissel Sánchez, precisó ayer que «está claro que la ley es igual para todos pero el periodo de cotización a la Seguridad Social perjudica las pensiones de cada individuo y obviamente el mercado laboral precario con abusos en las rotaciones de los trabajadores es una de las causas de que estas prestaciones sean tan bajas». Por ello, Sánchez pidió al PP que «deje de poner parches para calmar al electorado» y ponga en marcha medidas urgentes para evitar la estacionalidad y la economía sumergida. La secretaria territorial de UGT afirmó que alrededor de un 21% de los contratos que se realizan en la provincia tienen una duración de una semana. Los empleos de corta duración son una realidad en las actividades de la hostelería, el comercio, el transporte, la industria manufacturera o las actividades de entretenimiento.
Conjunto de pensiones
La fotografía no varía sustancialmente en relación al conjunto de las pensiones que engloban también incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de los familiares, con una pensión media de 807 euros mensuales en la provincia. El ranking de las prestaciones menos abultadas lo lideran Ourense, Lugo y Cáceres. En el extremo opuesto se sitúan el País Vasco, Asturias, Madrid, Cataluña o Navarra, de las pocas comunidades que superan la media nacional. Del primer al último puesto existe una diferencia del 45%.
El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, precisó ayer que los presupuestos beneficiarán más a los jubilados de Alicante al ser uno de los territorios más damnificados en esta materia. Tres de cada cuatro pensionistas aumentarán la cuantía entre un 1% y un 3%, beneficiándose un total de 626.158 personas de la Comunidad Valenciana. Según precisó, aprobar los Presupuestos Generales del Estado «es bueno para la provincia ya que benefician particularmente a los pensionistas, servidores públicos y rentas bajas y también, desde el punto de vista de las infraestructuras porque van a conectarla por el norte y por el sur con la alta velocidad y, en definitiva, con la modernidad lo que generará oportunidades, aumentará la competitividad, fomentará la cohesión social y beneficiará a sectores clave como el turístico».
Con criterios antagónicos a los expuestos por Moragues, Ignasi Candela, diputado de Compromís y portavoz en la Comisión de Pacto de Toledo puso ayer la mesa una problemática, en su opinión «grave», al denunciar que existe una España rica y una pobre y que la provincia de Alicante «está en esa España que el Gobierno no tiene en consideración». Para Candela, las cuantías de las pensiones demuestran que «todas las reformas laborales del PP nos hunden, al igual que le pasa a Andalucía, Castilla, Extremadura o Murcia». Compromís pretende que estas prestaciones se revaloricen en función del IPC. «El abandono que está sufriendo esta provincia es fruto de una gestión del PP que ha gestionado la Comunidad durante 20 años». Ignasi Candela aseguró que en la actualidad la Conselleria está modernizando polígonos y complementando turismo con la actividad industrial con el fin de revertir la tendencia anterior: «Esto se traduce en que las personas tendrán mas ingresos y habrá mas cotización a la Seguridad Social, por lo que las pensiones podrán subir».
