Diez días antes de que se llevara a cabo el desahucio de una mujer árabe en la Zona Norte de Alicante, el primero ejecutado en los cinco años que lleva actuando la plataforma Stop Desahucios para intentar paralizarlos, en el Ayuntamiento se tuvo noticia fehaciente de «la inminencia del desahucio», tal y como consta en el informe elaborado sobre este caso por el gerente del Patronato de Vivienda, Gaspar Mayor.
Pese a este conocimiento no actuó y no ofreció vivienda alguna a la afectada que quedó en la calle con lo puesto. La propia concejala de Acción Social, Sofía Morales, aseguró que se le había ofrecido a la mujer desahuciada un piso, pero ayer tuvo que rectificar y admitir ante las evidencias presentadas por Stop Desahucios que no fue así. «Me equivoqué», se desdijo. «Se le ha ofrecido apoyo y el contacto para acceder a un piso a través de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, aunque no llegaron a nada finalmente», admite. «Aunque ahora esté en casa de su hija -concluye Morales-, no quiere decir que le dejemos de ayudar».
El Patronato de la Vivienda considera que la mejor solución es que la mujer esté con su hija, en una «vivienda de 79 metros cuadrados que ocupa el matrimonio y dos hijas, que reúne condiciones para ser compartida». Gaspar Mayor descarta que el caso tenga prioridad sobre otros en lista de espera, tras «habérsele ofrecido una solución temporal de alojamiento desde Acción Social» en un hostal y en el albergue municipal.
El Ayuntamiento insiste en achacar a la familia de la mujer desahuciada que no acudiera antes a pedir ayuda, argumento que refutan desde Stop Desahucios con gran indignación «porque lo único que se les ofrece desde la institución municipal cuando se sabe del desahucio, el 26 de marzo, es una ayuda de emergencia durante tres meses, cuando una persona sin ingresos no puede tener acceso a un alquiler. Es como si le forzaran a dar la patada en la puerta», replicó Desiré Gómez, de la plataforma ciudadana.
El gerente del Patronato constata por escrito que el día 26 de marzo el hijo de la afectada fue a la Oficina de Mediación en El Claustro, pero excusa la ausencia de actuación municipal alegando que, frente a una entidad de fondos buitre como es el caso, «era imposible la mediación». Se remitió al hijo «a pedir un abogado de oficio y a su centro social», ya que «al no tener ningún ingreso, imposibilitaba canalizar su situación a través del programa de alquiler asequible en viviendas privadas», sostiene Gaspar Mayor.
El mismo informe achaca a Stop Desahucios una intención de «instrumentalizar el caso para hacer ruido», al dejar caer que no se informó antes al Ayuntamiento. «En diez días se hacen muchas cosas, incluso evitar el trago del lanzamiento y el espectáculo bochornoso», puntualiza el gerente, pese a que el Ayuntamiento dispuso de ese período de tiempo.
