El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) da la razón a la Conselleria de Sanidad, -que ha licitado la contratación de la distribución de fármacos en las residencias de mayores por 50 millones de euros y durante cuatro años- al desestimar un recurso interpuesto por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad (Aerte).
La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, precisa que la convocatoria de Sanidad para esta licitación fue pública, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para el «Servicio de preparación de unidosis y su distribución a los centros de asistencia social sociosanitarios» ('Resi-EQUIFar').
Aerte defiende que las entidades de la asociación «representan a una mayoría de las residencias de personas mayores y centros de día de la Comunidad», donde «se encuentran atendidas las personas que recibirán el servicio de atención farmacéutica», y que ya se encargan de «dispensar todos los medicamentos a dichas personas», por lo que la nueva contratación del servicio de distribución de medicamentos «les afecta de manera directa».
El tribunal, sin embargo, considera que la asociación recurrente «no acredita un interés directamente relacionado con el objeto del recurso», sino « basada en los fines que defiende».
Añade el tribunal que no se denuncia «ningún incumplimiento de la normativa sobre contratación pública», y que la demanda se centra en que se «establece un sistema centralizado de preparación de dosis unitarias de medicamentos y productos sanitarios y su distribución a los centros».
