Hace ahora justo un año, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, aún formada por el tripartito, decidió elevar al Consell Jurídic Consultiu un paquete de 25 facturas del área de Comercio, entonces dirigida directamente por ante las dudas por posibles irregularidades detectadas por el interventor. Esa decisión fue el principio de un trayecto que ha acabado con el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, procesado por el supuesto fraccionamiento de contratos en Comercio. Echávarri, además, también está procesado por el despido de una trabajadora municipal, que a su vez es cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala. Esa decisión se tomó dos días después de que Barcala decidiera llevar a Fiscalía las facturas de Comercio.
Ambos casos han propiciado que el todavía regidor está a punto de enfrentarse a dos juicios. Ante esa situación, el PSPV forzó la máquina para adelantarse a su código ético y obligar a Echávarri a renunciar. El socialista anunció que se irá el próximo 9 de abril, aunque desde el 23 de marzo delegó sus funciones en Eva Montesinos.
