La penúltima en el contencioso del agua en la provincia. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha recibido una catarata de alegaciones al Plan Especial de Alerta de Sequía al detectar regantes e instituciones que los parámetros para declarar las situaciones de sequía y, por lo tanto, la posterior adopción de medidas como el envío de agua, apertura extraordinaria de pozos o exenciones fiscales no se corresponden con la realidad. Así, el plan recoge que para decretar la situación de sequía en las comarcas de l'Alacantí y el Baix Vinalopó se consultarán, por ejemplo, dos pluviómetros ubicados en el Alto Vinalopó y un pozo (aguas subterráneas) en Banyeres, donde el régimen de lluvias duplica al de municipios como Alicante y Elche, y nieva en invierno.
Conclusión: la selección de esos parámetros endurece los criterios técnicos para declarar una sequía en Alicante, algo que también se traslada a la Marina Baixa, porque el pluviómetro elegido para controlar el régimen de lluvias en la comarca está en una zona donde llueve más que sobre el embalse del Amadorio, regulador de lo caudales para abastecer a Benidorm.
A partir de los registros de pluviómetros, piezómetros, estaciones de aforo y volumen de embalses se evalúan los diferentes escenarios. El de sequía prolongada se establecerá automáticamente cuando los indicadores muestren unos valores que, según los colectivos que han presentado alegaciones, nacen viciados, por lo que esperan que la Confederación del Júcar rectifique.
Otro de los errores cometidos por la CHJ, y que afecta directamente al sistema de explotación del Júcar-Vinalopó para el abastecimiento agrícola, es la doble vara de medir para calibrar las necesidades de los regantes de la provincia en relación a los de Valencia. Así, para los agricultores del Vinalopó y l'Alacantí se fija una reducción del 15% en las extracciones de agua cuando se decrete la sequía pero en base a los consumos controlados.
En cambio, en València ese mismo porcentaje se aplica sobre las dotaciones «por lo que apenas les afectará el posible reducción», subrayan fuentes de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó. En el plan también se vuelve a apuntar que en caso de sequía se podrán utilizar los caudales desalados en la planta de Mutxamel que, sin embargo, no tiene conexión con el Vinalopó. «Mientras, en el caso de Valencia no se contempla la posibilidad de que la agricultores utilicen agua residual depurada en la macroplanta de Pinedo».
La CHJ ha seleccionado 72 sistemas de abastecimiento: 65 municipios de más de 20.000 habitantes, 7 mancomunidades o consorcios que abastecen a municipios de más de 20.000 vecinos.
Por otro lado, los regantes aprovecharon esta semana la visita de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para reclamarle que el convenio de explotación del trasvase Júcar-Vinalopó se contemple que llegue agua para consumo humano desde el embalse de Alarcón, dadas las evidencias que existen sobre la falta de calidad en el agua del Azud de la Marquesa.
Los regantes tienen abiertos, en este sentido, dos frentes: uno con el Ministerio y otro con la Conselleria de Agricultura, después de la expropiación del embalse del Toscar, ubicado en Monóvar, y que es clave para regular el agua que llega desde el embalse de la Marquesa, en la desembocadura del Júcar, tras el cierre de la presa de San Diego por sus problemas de filtraciones.
El gabinete jurídico de la Junta Central estima que el paso dado por el Consell es ilegal, ya que, según los regantes, incumple la Ley de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias de la Comunidad, que establece que las obras hidráulicas que hace el Consell deben gestionarlas los usuarios. La reversión del embalse a la Generalitat acarreará, además, unos gastos de 18.000 euros al año de dinero público.
