El magistrado que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU) ha rechazado el recurso que presentaron los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo por haber rechazado sus alegaciones contra el auto de apertura de juicio, según la resolución a la que ha tenido acceso este diario. Los dos acusados planteaban una cuestión puramente formal por el tipo de resolución usada por el magistrado para rechazar su recurso, un recurso al que se había adherido la Fiscalía dando la razón a su defensa.
El magistrado Manrique Tejada considera que «se trata de una decisión procesalmente correcta y por tanto no existió error alguno en dictarla» y descartó que se haya vulnerado derecho fundamental alguno por haberlo rechazado a través de una providencia y no mediante un auto, como pedía su defensa. En este sentido, recuerda que los recursos de apelación son «inadmisibles» contra la apertura de juicio oral, cuando pretenden impugnar la exclusión expresa de un determinado delito que ya estaba sobreseído como han hecho la Fiscalía y EU; así como por cuestionar los criterios para el cálculo de la fianza, como reclamaban Castedo y Gutiérrez. En este último caso, se da la circunstancia de que la fianza aportada por Ortiz, una finca de tres millones de metros cuadrados en Monforte del Cid, cubre la totalidad de los 1,3 millones que el juzgado reclama a todos los acusados que pagaran de manera solidaria.
Por otro lado, ya se encuentran en la Audiencia las quejas presentados por la Fiscalía y EU contra la decisión del juez de no dejar juzgar al empresario Enrique Ortiz por recibir información privilegiada del PGOU. El juzgado le lleva al banquillo por cohecho y tráfico de influencias.
