Ya van tres. Tras su anuncio de ayer el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, será el tercero que deje la Alcaldía de la ciudad acorralado por causas judiciales pendientes desde que arrancó la última etapa democrática. Eso sí, es el primero que se va bajo las siglas del PSOE. Antes lo hicieron los populares Luis Díaz Alperi y su sucesora Sonia Castedo, el primero en 2008 y la segunda en 2014.
Echávarri es el sexto alcalde desde 1979 y su renuncia ha venido precedida de dos procedimientos judiciales abiertos, uno por fraccionar supuestamente contratos en el área de Comercio y el otro por prevaricación tras despedir a la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, después de que éste le denunciara en la Fiscalía por los contratos en Comercio. Abogado de profesión, el alcalde saliente siempre ha defendido que sus comparecencias en el juzgado nada tienen que ver con la corrupción, pero lo cierto es que su situación procesal ha hecho insostenible su intención de permanecer en la Alcaldía hasta el fin de este mandato, al que le quedan apenas catorce meses.
Alicante suma así 20 años de escándalos, polémicas, cruces de acusaciones y juzgados, exceptuando la breve etapa de Miguel Valor al frente del Ayuntamiento.
El primer alcalde democrático, José Luis Lassaleta (PSOE), que gobernó entre 1979 y 1991, no tuvo problemas con la justicia. El también socialista Ángel Luna, que ocupó hasta 1995 la Alcaldía, tampoco pisó los juzgados durante su mandato, aunque sí lo hizo después imputado por una denuncia del PP en la que le acusaba de haber recibido dinero del empresario Enrique Ortiz para realizar una reforma en su casa. El TSJ archivó la querella.
La situación de los alcaldes imputados ha sido diferente. Sin embargo, tanto los apoyos con los que contaban en el pleno municipal como la forma de renunciar de Echávarri, Castedo y Díaz Alperi han sido muy distintos. Alperi dejó la vara de mando en manos de Castedo a mitad de su cuarto mandato con mayoría absoluta y ante la prensa en un acto algo improvisado aprovechando la presencia del entonces presidente del Consell Francisco Camps en la ciudad. En ese momento ya habían estallado los casos de Mercalicante y el de la adjudicación de aparcamientos al empresario Enrique Ortiz, de los que posteriormente salió indemne. Su sucesora se escondió tras su perfil de Facebook tras los meses quizá de mayor tensión que ha vivido el Ayuntamiento en la historia reciente. Doblemente imputada, por el supuesto amaño del plan Rabasa y por la tramitación del Plan General junto a Ortiz, anunció en su muro que se marchaba en las vísperas de la Navidad. Por su parte, Echávarri lo ha hecho por «adelantado» anunciando que el próximo 9 de abril registrará su dimisión tras mantener una reunión con la dirección del PSPV en València en la que participó el presidente Ximo Puig. Y lo hace con un gobierno en minoría tras la ruptura del tripartito con Compromís y Guanyar.
Periplo judicial
El último capítulo del periplo judicial de Castedo y Alperi ha sido la apertura de juicio oral por los presuntos amaños en la tramitación del Plan General. Ambos están acusados de revelar información privilegiada del futuro planeamiento urbanístico de Alicante a Ortiz y de haberse beneficiado de dádivas de éste. Se les imputan delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias y las penas que pide la Fiscalía suman los diez años de prisión.
Por su parte, el alcalde que más tiempo ha llevado el timón de la ciudad está pendiente de otro juicio en mayo como presunto autor de tres delitos fiscales contra la Hacienda Pública cometidos entre 2007 y 2010 en los cuales habría dejado de pagar a Hacienda 682.651 euros en concepto de IRPF por un patrimonio de origen desconocido, así como por un delito de cohecho impropio, por el amarre gratuito de su embarcación en el puerto deportivo.
Por contra, el citado caso Mercalicante en el que el ex primer edil estuvo imputado acabó sobreseído seis años después, cuando Alperi ya no era alcalde sino diputado autonómico. Tras ríos de tinta y años de proceso el Tribunal Superior de Justicia zanjó definitivamente el caso para Alperi por el desfalco de seis millones en la entidad.
Lo mismo ocurrió con el caso de los aparcamientos, que también sobreseyó el TSJ-CV y en el que estaban imputados además de Alperi, Castedo como concejal de Urbanismo y el ex edil Luis Concepción,así como un técnico y la promotora Ortiz e Hijos. La Fiscalía Anticorrupción les denunció por prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos. Pero el tribunal falló que los hechos presentados no eran constitutivos de delito.
Por su parte, Sonia Castedo también vio cómo se archivaba el caso Rabasa, después de abandonar la Alcaldía tras ser encausada. El juzgado investigaba presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho en relación a la tramitación de un plan urbanístico que preveía construir más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados junto al lugar donde estaba previsto que se ubicara Ikea. Esta fue una de las piezas separadas del «caso Brugal» al igual que las presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU que sí han prosperado judicialmente hablando.
Fue de las escuchas realizadas en estos procedimientos de donde surgieron las informaciones sobre los viajes a Ibiza en el yate de Ortiz, otros dos viajes a Andorra pagados por el empresario, el regalo de un coche y la intermediación para que Ortiz contratara a conocidos de la ex alcaldesa. Y el viaje a Creta en un jet privado, así como el dinero pagado por los pisos donde viven sus hijos en el caso de Alperi.
El ex regidor se retiró de la escena pública tras renunciar a su escaño en las Cortes en 2014 por «motivos personales y de salud» y no ha vuelto a realizar intervenciones en los medios. Todo lo contrario que Castedo que tras su dimisión recorrió los platós de las televisiones nacionales defendiendo su inocencia y sigue escribiendo sobre la actualidad política en sus redes sociales. Su última aparición pública fue hace un par de meses tras la declaración ante el juez del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa por la presunta financiación ilegal del PP en la que aseguró que le entregó dinero a Castedo para que pagase un acto de Orange Market en Alicante. La exalcaldesa lo negó tajantemente y llamó «miserable» a Costa.
Tras los convulsos momentos vividos en la ciudad, cuyo último episodio ha sido el anuncio de dimisión de Gabriel Echávarri, el alcalde saliente deja al mando a su número 2, la concejal socialista Eva Montesinos, hasta que el próximo día 9 se dilucide quién gobernará Alicante hasta las próximas elecciones.
