Las irregularidades en los mecanismos de contratación empleados en el área de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante que describe el magistrado Ángel Manuel Villanueva en el auto en el que procesa a los exconcejales del PP Andrés Llorens y Juan Zaragoza, además de a tres empleados municipales (dos de ellos ya jubilados) y a un contratista se pueden haber seguido «reproduciendo con posterioridad a la adjudicación del contrato (de infraestructuras culturales y festivas) en 2009 y años sucesivos».
Así de claro lo alerta el instructor del proceso abierto hace casi una década tras la denuncia que presentó el empresario José Alavés por anomalías en unas adjudicaciones a las que había concurrido y en las que ahora el juez ha visto indicios de los delitos de prevaricación, malversación y fraude a la administración.
El juez describe un clima de corrupción durante los seis años (de 2003 a 2009) que la contrata se le adjudicó a la mercantil Isjoma. Un escenario en el que los políticos y técnicos procesados se pusieron de acuerdo para favorecer a Isidro García, el adjudicatario también encausado, sin tener en cuenta no sólo la legalidad en materia de contratación sino el quebranto económico que con su actuación causaban a las arcas públicas.
El instructor precisa que aunque la investigación abarcó hasta 2009, «las conclusiones que se han ido estableciendo y parte de la documentación aportada permite inferir la posibilidad de que este mecanismo se haya venido reproduciendo».
En un auto de cerca de un centenar de folios que denota un detallado estudio de la causa, el magistrado asevera que existe una «concertación» entre los tres empleados municipales, Víctor López, Ginés Pérez y Francisco Ramón Asensio, «en llevar a cabo el fraccionamiento de los denominados contratos menores y su adjudicación directa a Isjoma perjudicando así las posibilidades del propio Ayuntamiento en cuanto al precio, concurrencia de ofertas, etc, lo cual se traduce en el pago de sumas superiores por parte del Ayuntamiento a las que podrían haber resultado fruto de la tramitación de una contratación administrativa con arreglo al procedimiento legalmente establecido».
«Inadmisible»
El magistrado sostiene que en esta «concertación» participaron también los entonces concejales Llorens y Zaragoza, a quienes no les pasa ni una. Dice en relación a quien fuera vicealcalde y responsable deAtención Urbana que «resulta inadmisible de que tras varios años firmando los documentos de autorización, disposición y reconocimiento de obligación ahora se invoque que el concejal competente para dicho acto no era el del área correspondiente sino el de Hacienda. Lo cual, en el caso de ser así, daría lugar a la concurrencia de un nuevo delito de prevaricación por haberse otorgado estos documentos por quien resultaba incompetente para ello».
También tiene respuesta para la afirmación de Llorens de que esa forma de contratar (sumar a la adjudicación un numero considerable de contratos menores que se daban a dedo) se venía practicando en el Ayuntamiento desde hacía años. «No se trata de analizar si una determinada dinámica, por más que se prolongue durante décadas, es o no operativa, sino si es o no legal», apostilla.
