Catorce años después del «Agua para todos», el borrador (confidencial) de Pacto del Agua que el Gobierno de Rajoy ha preparado elimina aquellas viejas pretensiones y aboga por «impulsar la desalación y la reutilización». El discurso teórico entronca con las medidas prácticas que el Ejecutivo ya ha aprobado en los últimos meses: ha destinado más de once millones a la ampliación de media docena de desaladoras. La de Torrevieja, entre ellas. Todo un cambio de filosofía.

El borrador también plantea mejorar la conexión de las desaladoras existentes para una mayor aprovechamiento de estas aguas. No obstante, los trasvases (transferencia es el término que emplea) no pasarán a mejor vida si los planes del PP salen adelante con el apoyo de otras fuerzas, en especial el PSOE, interlocutor principal para el citado pacto. El Ministerio de Agricultura no cierra la puerta a nuevos trasvases. La propuesta es estudiar la viabilidad de transferencias entre diferentes cuencas «siempre que cuenten con el consenso suficiente». Sobre los trasvases ya existentes, el proyecto de Pacto del Agua contempla mejorar la transparencia con la creación de comisiones de gestión de cada trasvase, así como una regulación específica para cada uno de ellos. El Ejecutivo, además, hace hincapié en «priorizar» infraestructuras contra inundaciones, un nuevo tributo ambiental sobre el agua y el fomento de los contadores en la agricultura o la bonificación por menor consumo a los regantes.

Génova ya anunciaba que el Pacto del Agua iba más avanzado que el de la financiación autonómica. No obstante, el PSOE es prudente. Fuentes de Ferraz aseguraron ayer que su primera exigencia es contar con «una fotografía más exacta» de los usos del agua antes de adoptar cualquier determinación. El PSOE acaba de aprobar un documento por su parte que incide en un mejor conocimiento del efecto del cambio climático y pide garantizar por ley la disponibilidad de 100 litros por persona y día. También pide prohibir la privatización de infraestructuras y entidades de gestión. Mientras, la Generalitat desconoce el borrador de pacto. En todo caso, discrepa del planteamiento de pactar entre partidos y obviar a los territorios, y exige tener su protagonismo en el debate.