La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, en convocatoria urgente y extraordinaria, ha decidido hoy declarar "concluso" el expediente de revisión de oficio de los 25 contratos relativos a la Concejalía de Comercio, al "no probarse" la existencia de "alguna infracción legal, más allá de las dudas del anterior jefe de servicio de Comercio".
En la propuesta de acuerdo, se añade que la decisión del gobierno municipal liderado por Gabriel Echávarri se pondrá "en conocimiento del Consell Jurídic Consultiu". El cierre del expediente que se inició el de abril del pasado año se produce poco después de que la Audiencia Provincial desestimase el recurso presentado por Echávarri y dos de sus asesores contra el auto de procesamiento emitido por el juzgado de instrucción número 9 de Alicante.
Así, mientras el alcalde está al borde del banquillo por el presunto fraccionamiento de contratos en el área de Comercio, el gobierno municipal ha decidido cerrar el expediente que se inició con un acuerdo de la Junta de Gobierno, entonces integrada por miembros del tripartito de Alicante, con el objetivo de declarar nulos los 25 contratos menores tramitados en el área de Comercio tras las "dudas" presentadas por el entonces jefe de servicio.
Según figura en la propuesta de acuerdo aprobada hoy por la Junta de Gobierno, en abril del pasado año se acordó también "remitir las actuaciones al Consell Jurídic Consultiu, requiriendo el dictamen preceptivo". Sin embargo, el Ayuntamiento nunca envió la documentación necesaria para que el órgano de la Generalitat Valenciana se pronunciase. De hecho, el Consell Jurídic requirió el 3 de octubre "la remisión de la propuesta de acuerdo de la declaración de nulidad de los actos que considere nulos, a efectos de que dicho órgano autonómico pueda emitir sus preceptivos dictámenes". Una petición que fue "reiterada mediante oficio" cinco meses después, a finales del pasado mes de febrero.
En el acuerdo de la Junta de Gobierno, además, figura que "la actuación administrativa revisora iniciada tiene su origen y su apoyo en un informe del anterior jefe de servicio de Comercio, en el que manifestó que se le presentaban dudas acerca de si en algunos de los 25 contratos a que se refiere el acuerdo de la Junta se pudo incurrir en alguna infracción legal".
En el documento, el gobierno municipal continúa que "más allá de las dudas no existe constancia en el expediente de informe alguno (proceda su autoría del anterior jefe de servicio, de la Asesoría Jurídica municipal o de la Intervención General del Ayuntamiento) en el que se ponga de relieve -según el ejecutivo de Echávarri- que exista una relación clara y manifiesta entre unos actos contractuales concretos con una actuación procedimental jurídicamente irregular susceptible de causar la nulidad de los actos".
Tras la celebración de la Junta de Gobierno extraordinaria de esta mañana, la concejala de Comercio, la socialista Gloria Vara, ha señalado que desde su área se "ha elevado a la Junta de Gobierno local el cierre del expediente de nulidad de 25 contratos menores de la Concejalía de Comercio". Según Vara, "hemos revisado con detenimiento el expediente y salvo las dudas del anterior jefe de servicio o del interventor no existe ningún informe que diga que el expediente administrativo fuera irregular". Para la edil de Comercio, "sin ningún acto probatorio no se pueden anular".
Fuentes del gobierno local admiten que "lo lógico" es que el Consell Jurídic no se pronuncie finalmente sobre los contratos de Comercio tras la decisión de hoy de la Junta de Gobierno de dar por "concluso" el expediente al concluir que "no hay prueba de infracción legal".
Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha señalado su "estupefacción" al conocer la decisión del gobierno municipal de Echávarri, tras "once meses mareando la perdiz con el Consell Jurídic Consultiu". El líder local de Compromís reclama al PSOE "que se deje de historias y permita al Consell Jurídic que se pronuncie porque nada ha cambiado desde que la Junta de Gobierno pidió su dictamen sobre la anulación de los contratos". Bellido exige a Echávarri que le facilite "toda la documentación que se envíe al Consell Jurídic".
Esta resolución de la Junta de Gobierno se produce apenas diez días después de que la Audiencia Provincial de Alicante confirmase el procesamiento del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, por el supuesto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio.
La Sección Segunda rechazó el recurso presentado por el alcalde en la causa así como el de sus dos asesores imputados Lalo Díez (jefe de Gabinete de Alcaldía) y Pedro de Gea. Los magistrados consideran que hay indicios de delito en la actuación de los investigados y confirman la decisión de la magistrada de llevarlos al banquillo.
La juez les investiga por delitos de prevaricación por facturas que sumaban 180.000 euros y se tramitaron como contratos menores y que se centraban en la Gala de Comercio de 2016, la campaña de Navidad y la imagen de los mercados municipales.
