El 80,7% de las 1.411 plazas ofrecidas por la Generalitat Valenciana para la acogida de inmigrantes y refugiados a raíz de la crisis humanitaria en Siria fueron finalmente rechazadas por el Gobierno central. Así se desprende de una queja de oficio elaborada por el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana en el que se analizan las medidas dispuestas por el Gobierno valenciano para la acogida e inserción de personas solicitantes de refugio y asilo. Según una respuesta del gobierno al diputado de Compromís Carles Mulet, estas plazas fueron rechazadas porque eran temporales al estar en casas particulares, no estaban en condiciones de habitabilidad o se encontraban alejadas de núcleos urbanos y sin acceso a recursos y servicios.
El informe recuerda que en un primer momento, la Comunidad Valenciana se comprometió a acoger a unos 1.800 refugiados y finalmente los que han llegado no han superado el centenar. El Síndic tacha en este sentido de «claramente insuficiente» el plan de Atención a Personas Solicitante de Asilo y Refugio puesto en marcha por la Generalitat Valenciana. Señala que los elementos que componen dicho plan «parecen más un agregado difuso de instituciones públicas y privadas que un verdadero plan que identifica de manera precisa medios, recursos, dispositivos, protocolos o competencias que participan en el mismo».
El Defensor del Pueblo valenciano también critica que las direcciones territoriales de la Conselleria de Igualdad no asumen ningún papel dentro de este plan.
El Síndic recomienda en este sentido que se disponga de las plazas de alojamiento necesarias para albergar a los refugiados. También que estas personas cuenten con apoyo técnico y profesional especializado, «algo que va más allá de la socorrida figura del voluntario, que para determinadas intervenciones no sirve, por valiosa y generosa que sea su entrega».
También aconseja que la Generalitat apruebe un plan de acogida «claro y preciso, que identifique las competencias específicas que tienen cada una de las consellerias implicadas, los dispositivos que aportan, los profesionales que intervienen, las partidas presupuestarias con las que se financian y los protocolos de intervención». El Síndic recuerda que son las ciudades y municipios los lugares donde se materializa la acogida efectiva de refugiados, «por ello es determinante que en ellos se delimiten con claridad los dispositivos de acogida, integración y convivencia de competencia municipal y los de competencia autonómica, así como aquellos otros que las ONG que mantienen convenios a nivel nacional o internacional mantienen vigentes». En el conjunto de España, de los 17.337 refugiados previstos solo han llegado el 11% de ellos, «una cifra a todas luces muy baja y desmoralizante ante la dimensión del drama vivido», reconoce el Síndic de Greuges en su resolución. Un tiempo que «sin embargo se debería haber aprovechado para trabajar activamente en reforzar los recursos, las estrategias y los dispositivos de acogida en el ámbito de la Comunidad».
Por ello, añade José Cholbi, «más que insistir en una obviedad, como es el fracaso de la política europea de migración y asilo junto a los incumplimientos que los países miembros llevan haciendo de ella, se debería de trabajar activamente en propuestas operativas que sirvan a para afrontar en mejores condiciones situaciones similares que, sin duda, se van a producir en el futuro». La Conselleria de Igualdad ha aceptado las recomendaciones planteadas por el Síndic.
