Queja ante el Síndic de Greuges. El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, presentó ayer un escrito de queja ante el Síndic contra el Ayuntamiento tras no facilitarle el gobierno del PSOE los informes sobre el dispositivo de grabación y escuchas detectado en el despacho de Urbanismo que INFORMACIÓN destapó el pasado 4 de marzo y pide a la institución que «inste al Ayuntamiento a facilitarme de inmediato la información solicitada».

En su escrito, Pavón detalla que ha solicitado en dos ocasiones que el Ayuntamiento le facilitara «toda la información sobre el barrido de las dependencias de la Concejalía de Urbanismo en busca de un supuesto dispositivo de grabación que al parecer fue detectado hace unos dos meses, según hemos podido leer en los medios de comunicación».

Este dispositivo se encontró debajo de un mueble anexo a la mesa de la actual concejal de Urbanismo, Eva Montesinos, pegado con cinta aislante. La edil aseguró que había detectado que al hablar con su móvil en el despacho se producían interferencias o se cortaba la comunicación con frecuencia por lo que alertó a Seguridad de Alcaldía, que encargó a una empresa un «barrido» en el despacho que pocas semanas antes ocupaba Pavón.

El portavoz de Guanyar entiende que «como afectado por un presunto delito de grabaciones ilegales y de obtención y aprovechamiento de información privilegiada» debe tener acceso al «contrato que se haya podido realizar con una empresa privada, informes que se hayan podido emitir por dicha empresa o por personal municipal para el Ayuntamiento y cualquier otro documento que tenga relación con los trabajos de barrido que hayan podido realizarse».

Montesinos aseguró tras destaparse el escándalo que «la Policía nos dijo que era un dispositivo rudimentario, de autograbación y de corto alcance, sin wifi» y añadió que «era de consumo interno, no podía de ser de nadie ajeno al despacho. Decidimos no denunciar por el bien de la ciudad». Sin embargo, Pavón sí denunció el hallazgo del dispositivo de escucha y negó cualquier vinculación con el mismo.

Al día siguiente de enterarse por el periódico de la existencia de un aparato para grabar conversaciones en el que había sido su despacho solicitó por registro al Ayuntamiento toda la información. «Transcurrido el plazo de cinco días naturales sin que se haya dictado resolución o acuerdo denegatorio sobre dicha petición, la misma se entiende concedida por silencio administrativo positivo», indica Pavón, quien volvió a solicitar la documentación «haciendo constar que no facilitarme la información supondría la vulneración de mi derecho como concejal a obtener del alcalde y de la administración» los documentos que tengan en su poder. Asimismo, el exedil de Urbanismo hace hincapié en su escrito en que en este caso se da el «agravante de que la información se solicita como afectado por un presunto delito de grabaciones ilegales (...) por lo que se estaría obstaculizando mi derecho a disponer de toda la información administrativa que pueda ser relevante para poder ejercitar las acciones legales procedentes».