La decisión del empresario Enrique Ortiz de aportar como fianza una finca cuyo valor supera el importe del aval acordado por el magistrado Manrique Tejada en el proceso por los presuntos amaños del PGOU ha evitado tener que desembolsar un euro al resto de los acusados a los que afecta esta medida, entre los que se encuentran los exalcaldes populares Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.
El instructor impuso a seis de los nueve encausados en este procedimiento una fianza solidaria de 1,3 millones para garantizar el pago de la responsabilidad civil en caso de condena. La cantidad es el coste estimado que tuvo para el Ayuntamiento la tramitación del malogrado PGOU, del que se acabó desistiendo por las sospechas que planeaban sobre él.
El dinero debía abonarse de forma solidaria entre los principales acusados: los dos exregidores, los abogados urbanistas José Luis Castedo y Javier Gutiérrez y el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda, además del propio Ortiz. El juez eximió de esta obligación a los también acusados Pablo, Santiago Bernáldez y Virgilio Ortiz.
Valor y cargas
La defensa del promotor alicantino, el letrado Francisco Ruiz Marco, presentó el miércoles un escrito en el juzgado con los datos de la finca que se ofrece como fianza junto a la tasación de la misma. Se trata de unos terrenos de unos tres millones de metros cuadrados situados en Monforte del Cid y valorados en 1.406.985 euros.
El juzgado se encontraba ayer confirmando al valor de la parcela así como si se encuentra libre de cargas. De ser así, el instructor dará por cubierta la totalidad de la fianza requerida evitando al resto de los acusados desembolso alguno.
Dado que, tal y como refleja el escrito presentado por Ruiz Marco, Ortiz únicamente tenía que hacer frente a 223.298 euros, la parte proporcional del aval solidario acordado por el juez , en caso de ejecutarse siempre le queda la posibilidad de iniciar una «acción de repetición» o, lo que es lo mismo, reclamar al resto de quienes resultaran condenados el abono de lo que les corresponde. Pero se trataría ya de una acción entre particulares.
Castedo y Alperi están acusados de haber facilitado información reservada del futuro planeamiento urbanístico de la ciudad, cuando todavía era reservado a Enrique Ortiz, quien les habría agasajado con dádivas y regalos, según las acusaciones.
El fiscal reclama por estos hechos penas que suman diez años de cárcel para Castedo, otros tantos para Alperi y ocho para Ortiz.
EU también reclama diez años de cárcel para los exalcaldes mientras que para Ortiz solicita 13. El Ayuntamiento, por su parte, pide a los dos exregidores cuatro años y para Ortiz, cinco.
Exclusión de un delito
EU y la Fiscalía han recurrido la decisión del juez de excluir para Ortiz el delito de aprovechamiento de información privilegiada y llevarle al banquillo sólo por cohecho y tráfico de influencias. El juez desestimó la semana pasada estos recursos y ahora estas partes han presentado sendos de queja que deberá resolver la Audiencia.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como EU han pedido a la Audiencia que obligue al juez a tramitar su recurso. En caso de que la Audiencia aceptara las peticiones de las acusaciones,el magistrado se tendría que pronunciar sobre el fondo del asunto, la inclusión de ese delito en el auto de apertura de juicio oral. Una decisión que también sería susceptible de recurso.
El fiscal ha planteado que existen «numerosas resoluciones judiciales que admiten la posibilidad de recurrir el auto de apertura de juicio oral» y asegura que en este caso está justificado porque el juez «de forma expresa» ha decidido no abrir juicio por uno de los delitos por los que se formula acusación.
Asimismo asegura que el instructor no ha hecho ningún pronunciamiento sobre la petición para que varias mercantiles, en su mayoría vinculadas a Enrique Ortiz, fueran al banquillo como responsables civiles subsidiarios.
