Iberdrola ha recibido 22.500 solicitudes de alicantinos para acceder al bono social eléctrico, como señalan desde la propia compañía que ha reunido en el Marq a responsables de cerca de un centenar de ayuntamientos de la provincia para explicar las novedades del bono y facilitar asesoramiento a las entidades de información al consumidor y a los servicios sociales de la Administración Pública.
De estas 22.500 solicitudes, de momento se ha dado respuesta a 13.200 y el 82% han sido positivas,10.800. Sobre las 2.300 restantes, 1.280 están incompletas y 1.050 están denegadas por no cumplir los criterios.
El delegado de Iberdrola en la Comunidad, Joaquín Longares, y el gerente del departamento de Relación con Consumidores, Álvaro Muñoz, hacen un llamamiento a "los consumidores vulnerables para que renueven su condición de beneficiarios del bono social o bien lo soliciten por primera vez y puedan disfrutar así de un descuento en su factura eléctrica".
La compañía reitera su "firme compromiso con la protección de los clientes en situación de vulnerabilidad y con la colaboración, según las políticas que establezcan las Administraciones Públicas competentes en cada caso, para facilitar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica y gas".
Novedades
El bono establece tres niveles de ayudas: al consumidor vulnerable, un descuento del 25% en el término fijo -potencia- y en el variable -energía-; a los vulnerables severos, de hasta el 40%; y a los que están en riesgo de exclusión social, el 100%.
Las solicitudes se pueden presentar hasta el próximo día 10 de abril. Hasta entonces, los actuales beneficiarios mantienen el bono, pero deberán renovarlo para seguir con la ayuda en función de los nuevos requisitos aunque no lo perderán hasta que finalice el periodo transitorio.
Si no lo piden antes del 10 de abril, "no existe una fecha límite" para hacerlo, según asegura la compañía..
Los nuevos requisitos del bono social eléctrico tienen en cuenta la renta, los miembros de la unidad familiar y a los colectivos de especial protección por situaciones de discapacidad de al menos el 33%, de violencia de género o como víctima de terrorismo.
El beneficiario deberá acreditar estos supuestos, de ahí la reunión con los ayuntamientos para que se facilite al máximo la disponibilidad de los documentos que necesiten los ciudadanos más vulnerables.
