La Fiscalía Provincial de Valencia ha decidido llevar al juzgado la contratación de 22 docentes de Religión que cobraron sin dar clases en colegios de la Comunidad, contratados durante la etapa del Consell gobernado por el PP.
Según han informado a Europa Press fuentes del ministerio público, se ha presentado una querella en este sentido por los delitos de "prevaricación, malversación y fraude en subvenciones".
La denuncia inicial tuvo lugar el pasado año por parte de Compromís ante Fiscalía.
La diputada de este grupo político, Isaura Navarro, aseguró que hasta 2014, durante la etapa de gobierno del PP, se llevó a cabo el "nombramiento ficticio" de 22 personas que cobraban de la administración valenciana como profesores de Religión en centros públicos, pero que "en realidad trabajaban en las diócesis de Valencia, Alicante y Castellón", tal y como denunció en su día.
Compromís dejó caer el supuesto "desvío de fondos de al menos nueve millones de euros" por este concepto, ya que según sus datos estos contratos se prorrogaron durante"nueve años y hasta 2014", cuando funcionarios de la administración pública detectaron la presunta irregularidad e instaron al Consell del PP a dar una cobertura legal.
La entonces consellera de Educación, María José Catalá, redactó un borrador de decreto al hilo de la advertencia de los funcionarios señalando que "el personal asesor técnico docente podría derivarse y prestar servicios en otras administraciones públicas o en las diócesis", pero la Abogacía de la Generalitat calificó esta otra situación de "cesión ilegal de trabajadores", como también declaró en su momento la diputada de Compromís.
El citado decreto, como recuerda Eurpa Press, fue aprobado en julio de 2015 sin incluir las diócesis, y los empleados públicos que supuestamente estaban cedidos a estas diócesis tuvieron que regresar a los puestos de trabajo en los que constaban como profesores de religión, en centros públicos de la Comunidad.
Isaura Navarro explicó que los docentes que sí daban clase en los centros a los que llegaron estos otros profesores "fueron reubicados".
Tras abrir diligencias para investigar esta denuncia, las Fiscalía ha decidido finalmente denunciar ante el juzgado la contratación de esos 22 profesores que cobraban sin dar clases.
