El portavoz del PP, Luis Barcala, instó ayer al alcalde, Gabriel Echávarri, a hacer entrega «inmediata» de los informes realizados tras los barridos en dependencias municipales en 2015 y en 2018. «Es una cosa muy sencilla -ha explicado-, los seis ediles del minigobierno socialista facilitan a la oposición de 23 concejales el acceso a esos informes, que tienen todo el derecho de conocer, y así máxima transparencia sobre este asunto tan rocambolesco del dispositivo de escuchas instalado, al parecer, en la Concejalía de Urbanismo y que el PSOE ha mantenido oculto durante todo este tiempo». Con estas palabras el PP rechazó los argumentos del PSOE para negar la documentación requerida.

Los populares señalan que incluso «cualquier alicantino tiene derecho a conocer el contenido de esos documentos», porque no están sujeto a la ley de protección de datos. «Por tanto, la oposición tiene todo el derecho del mundo a ver ese informe que, además, ya hemos pedido por escrito en el registro municipal para que nos sea mostrado en una junta de portavoces, que hemos solicitado que sea urgente», reiteró Barcala.

«Esa justificación del PSOE para no permitir el acceso a esos informes por haber acudido antes algunos grupos a denunciar en la Comisaría y en la Fiscalía, nos resulta bastante pueril», añade el portavoz popular, según el cual «No es potestad del gobierno de Echávarri impedir el acceso a informes municipales y que han sido pagados por los alicantinos».

«Primero ocultaron la existencia de un presunto dispositivo de escuchas, sin ir siquiera a denunciarlo a la Comisaría de la Policía, y ahora ocultan toda la información al respecto. El comportamiento del PSOE en este asunto está siendo de todo menos transparente y muy preocupante», sentenció Barcala.

Estas declaraciones de Luis Barcala son la respuesta a la decisión del alcade de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, de descarta facilitar a la oposición municipal la documentación relativa al barrido electrónico realizado el pasado mes de enero en los despacho de Alcaldía y de Urbanismo. Según fuentes del entorno del alcalde, la factura de la inspección llevada a cabo por una supuesta empresa del especializada y el informe posterior, presuntamente realizado por el jefe de Seguridad de Alcaldía y escolta personal de Echávarri, sólo se facilitará a la Fiscalía si así lo solicita dentro de las diligencias de investigación abiertas por la denuncia presentada el lunes por Compromís tras desvelar este diario un día antes el hallazgo del aparato oculto en el despacho de Urbanismo que ocupa la edil Eva Montesinos.