El regidor de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, descarta facilitar a la oposición municipal la documentación relativa al barrido electrónico realizado el pasado mes de enero en los despacho de Alcaldía y de Urbanismo, y en el que se encontró un dispositivo de grabación oculto bajo un mueble situado junto a la mesa de la concejala Eva Montesinos.
Según fuentes del entorno del alcalde, la factura de la inspección llevada a cabo por una supuesta empresa del especializada y el informe posterior, presuntamente realizado por el jefe de Seguridad de Alcaldía y escolta personal de Gabriel Echávarri, sólo se facilitará a la Fiscalía si así lo solicita dentro de las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia presentada el pasado lunes por Compromís tras desvelar este diario un día antes el hallazgo del aparato oculto en el despacho de Urbanismo. El gobierno local del PSOE, el pasado mes de enero, renunció a presentar denuncia en sede judicial y tampoco ante la Comisaría.
En los últimos días, los dos exsocios de gobierno del tripartito de Alicante (Guanyar y Compromís) no sólo acudieron a Policía Nacional y a la Fiscalía, respectivamente, a denunciar el descubrimiento de un dispositivo de grabación oculto en la última planta del edificio que alberga, entre otras, la Concejalía de Urbanismo, que ocupó Miguel Ángel Pavón (Guanyar) hasta que el pasado mes de enero se rompió el tripartito ante la negativa a dimitir de Echávarri, sino que ambos grupos municipales registraron sendos escritos en el Ayuntamiento para exigir al alcalde de Alicante que hiciera pública toda la documentación existente relativa a los trabajos de búsqueda de dispositivos de grabación en Urbanismo y que, tras el hallazgo del aparato, se realizaron también en Alcaldía, donde Echávarri aseguró que no se encontró ningún objeto sospechoso. Esa última inspección, según sostiene el regidor y Montesinos, se realizó por el jefe de Seguridad de Alcaldía y por una empresa, de la que no se ha revelado su identidad ni tampoco el coste del barrido electrónico de enero.
Toda esa información sobre el barrido llevado a cabo a mediados de enero no llegará, según confirman desde el entorno de Echávarri,a la oposición municipal. Sólo saldrá del cajón para facilitársela a la Fiscalía, si así lo solicita. La tesis defendida por Alcaldía es que, si los exsocios de gobierno tenían interés real en conocer toda la información existente sobre los barridos electrónicos realizados tendrían que haber «preguntado» y «escuchado» antes de acudir, el pasado lunes, a la Policía Nacional y a Fiscalía.
A principios de esta semana, Pavón registró un escrito en el Ayuntamiento en el que requirió que se le facilitara «de inmediato, como afectado por un presunto delito de grabaciones ilegales y de obtención y aprovechamiento de información privilegiada, toda la información que conste en el Ayuntamiento de Alicante sobre el barrido». En la misma línea, dos días más tarde, Compromís solicitó el «informe que el responsable de seguridad de Alcaldía elaboró en torno al hallazgo de un dispositivo de grabación escondido en el mobiliario del despacho». Por su parte, el PP también ha exigido esta semana a Echávarri que convoque «de forma inmediata la Junta de Portavoces», a los que, a su vez, se les «facilite» el informe sobre los rastreos realizados hace dos meses y también los llevados a cabo al inicio de la legislatura en Alcaldía, junto a las copias de las facturas relativas a esos trabajos. Esas peticiones, según el entorno de Echávarri, no tendrán respuesta. Esos documentos, insisten, sólo se les facilitará a la Fiscalía si así lo requiere dentro de las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia de Compromís.
