La intervención de la dirección del PSPV en la crisis de la capital tras la decisión judicial que deja al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, a las puertas de sentarse en el banquillo por el supuesto fraccionamiento de facturas en la concejalía de Comercio, se ha tenid0 que acelerar ante la evidencia de que las normativas internas del partido dejan poco margen para otra solución. El tratamiento que deben recibir los cargos inmersos en un procedimiento penal se establece de forma nítida en tres documentos: los estatutos federales renovados en el último congreso del pasado mes de julio, el reglamento que los desarrolla validado hace unas semanas y el código ético de 2014.

El procedimiento establece, en síntesis, que una vez que se decrete la apertura de juicio oral -un plazo que podría demorarse en este caso menos de un mes- arranca un procedimiento que debe desembocar en la petición de la baja por parte del afectado o, en su defecto, la resolución del propio partido de aprobar una suspensión cautelar de militancia en tanto se resuelve todo el procedimiento. Además, el militante afectado debe dejar todos su cargos. En caso de condena, la expulsión sería definitiva y, en el supuesto de una absolución, se le devolverían sus derechos como afiliado, conforme ha ocurrido ya en algún caso.

Hoy mismo, con la convocatoria de la asamblea local de Alicante en la que Gabriel Echávarri no optará a la reelección, se abre el primer movimiento para elegir un nuevo liderazgo local. Todo está en manos del exsenador Ángel Franco que, como ha demostrado en las últimas citas, sigue contando con la mayoría. Puede trabajar con dos hipótesis: elegir una secretaria -caso de la diputada Sandra Martín- con aspiraciones de candidata o permitir un dirigente de transición que permita ganar tiempo para encontrar otro alcaldable.