Nueva vuelta de tuerca al culebrón del espionaje en la Concejalía de Urbanismo, cuyas incógnitas continúan sin resolverse y cuyo aura sigue desprendiendo una maraña de imprecisiones, aclaraciones vagas y sospechas en todas direcciones. Ayer, durante la celebración del acto institucional del 8 de marzo, el portavoz del PP, Luis Barcala, acusó al gobierno local de destruir las pruebas del aparato de espionaje encontrado en los bajos de un armario situado ahora al lado de la mesa de la concejala Eva Montesinos. «Han manipulado y dejado sin ninguna posibilidad de investigar de dónde venía el dispositivo y para quién iba dirigido. Se han cargado las pruebas que había y sobre las que se podría haber seguido un hilo de investigación», acusó Barcala.
El popular, además, no dejó pasar la oportunidad para comparar la forma de proceder del equipo socialista en el caso del dispositivo de grabación con la manera de actuar de su gobierno. «Cuando uno ve la forma absolutamente chapucera, siendo benevolente, y lo torpes que han sido, por no pensar peor, manejando este asunto; uno entiende perfectamente por qué Alicante está como está», lamentó. «Esos gestores que encuentran un aparato de espionaje oculto y deciden desmontarlo, manipularlo y toquetearlo son los mismos que toman las decisiones en la ciudad», continuó.
Barcala censuró la falta de transparencia del equipo de Echávarri: «Continuamos sin recibir explicaciones de lo que ha pasado y, lo más grave, el alcalde tira la piedra, pero esconde la mano: hay muchas dudas de cómo apareció la grabadora, quién la encontró y sobre todo por qué no dieron cuenta inmediatamente a la Policía, que es lo dice el sentido común».
En la misma línea de denuncia se pronunciaba en la mañana de ayer Natxo Bellido, portavoz de Compromís: «Queremos que haya transparencia, por eso hemos puesto el caso en manos de la Justicia, hacemos lo que debería haber hecho el equipo de gobierno desde el primer día que descubrió el dispositivo». Bellido reconoció que, de momento, se encuentran a la espera de que la Fiscalía se pronuncie, tras haber anunciado el pasado miércoles que admitía a trámite la denuncia que pusieron Compromís y Guanyar. «Este equipo de gobierno es incapaz de hacer las cosas con normalidad», expresaba un Bellido que exige que se descubra quién puso el dispositivo de grabación, cuándo lo puso y, sobre todo, con qué finalidad
«Nuestra responsabilidad como representantes públicos y ciudadanos era poner el caso en conocimiento de la Justicia», aseguró tras admitir que su corporación ya ha solicitado que se convoque una junta de portavoces. «También hemos pedido los documentos del teórico informe del jefe de seguridad de Alcaldía por si contrató a alguna empresa de barrido», indicó.
Mutismo en alcaldía
Por su parte, Gabriel Echávarri y Eva Montesinos han decidido guardar silencio y no volver a hablar sobre el asunto de la grabadora para «no seguir con el circo». De momento, el PSOE sigue sin publicar la factura del primer barrido en el Portal de Transparencia.
