El magistrado Manrique Tejada rechazó ayer los tres recursos presentados contra la decisión de abrir juicio oral a los nueve acusados por las presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante. El juez argumenta en una breve providencia que no concurren ninguno de los supuestos para recurrir una apertura de juicio oral. La decisión no es firme y contra ella cabe recurso a la Audiencia.
Dos de los recursos habían sido presentados por la Fiscalía y por Esquerra Unida en contra de la decisión de no acusar al empresario Enrique Ortiz del delito de aprovechamiento de información privilegiada y llevarle al banquillo por cohecho y tráfico de influencias. El tercer recurso había sido presentado por los abogados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, acusados en la causa, al cuestionar los criterios del juez para imponerles una fianza solidaria de 1,4 millones de euros para garantizar el pago de la responsabilidad civil en caso de que fueran condenados. El juez entiende que ninguno de estos motivos están contemplados por la Ley para recurrir una apertura de juicio oral.
Entre los acusados se encuentran los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo a quienes se acusa de facilitar datos confidenciales del futuro planeamiento urbanístico de Alicante al empresario, que les habría proporcionado dádivas y regalos. El juez excluyó en su día el delito de aprovechamiento de información privilegiada a Ortiz al entender que no llegó a cometerse porque el PGOU no llegó a estar vigente. Los políticos sí habrían cometido el delito al revelar a Ortiz información reservada.
