La defensa de los abogados urbanistas José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, imputados en la causa del PGOU de Alicante, ha recurrido la fianza solidaria que ha impuesto el juez a seis de los acusados, al poner en duda los criterios por los que se ha determinado esta cantidad de 1,3 millones. La cifra es el dinero que habría pagado el Ayuntamiento por la fallida tramitación del plan general bajo sospecha, que finalmente fue retirado tras la dimisión de Sonia Castedo como alcaldesa de Alicante.

Según el escrito presentado al juzgado, 648.868 euros de la tramitación del Plan General se destinaron a pagar al anterior redactor del planeamiento, Lluis Cantallops, y que fue sustituido por Laboratorio de Proyectos de Jesús Quesada. El letrado señala que la resolución del contrato con Cantallops se resolvió de mutuo acuerdo entre las partes.

Asimismo se señala que, según consta en los archivos municipales, consta que al desistir de la tramitación del plan general se adoptó por «razones socioeconómicas y de cambio legislativo». «Lo cierto es que en la documentación consta que los técnicos municipales, aunque estaba viva la presente causa, seguían tramitando normalmente el proceso de revisión y que, en el acuerdo plenario de desestimiento, no consta ni una sola referencia a que el mismo se haya adoptado como consecuencia de la presente causa penal», argumenta el abogado Bernardo del Rosal.

En el escrito presentado ante el juzgado se insiste también en que el Ayuntamiento ha estado utilizando documentación redactada por Laboratorio de Proyectos para la tramitación de otros instrumentos de planeamiento con posterioridad al PGOU retirado. Entre ellos, se encuentra el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, los planos de propuesta de suelos no urbanizables protegidos, el catálogo de paisaje incluido en el estudio redactado por la mercantil para la revisión del planeamiento. Este aprovechamiento del trabajo se produjo aún después de la retirada del PGOU, pero antes de que se presentaran las facturas al juzgado.