Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El PSOE expedientará a trabajadores municipales de Alicante que protestaron ante el pleno en horario laboral

El edil de Recursos Humanos asegura que «no se puede consentir» que abandonen su puesto de trabajo sin «justificar los motivos»

Una de las protestas que se registraron durante el pleno de presupuestos del pasado 15 de febrero. jose navarro

La protesta de trabajadores municipales ante el Pleno del pasado 15 de febrero acabará, al menos, en la apertura de expedientes disciplinarios. Así lo anunció ayer el concejal de Recursos Humanos, el socialista Carlos Giménez, pese a las críticas surgidas desde los exsocios de gobierno (Guanyar y Compromís) por las notificaciones enviadas a empleados del Ayuntamiento que acudieron a la sesión plenaria convocada para la aprobación de los presupuestos en protesta por la política laboral del gobierno del socialista Gabriel Echávarri. «No podemos consentir que la gente abandone su puesto de trabajo sin ninguna explicación. Hubo trabajadores que estuvieron horas fuera de su puesto: ficharon, se fueron y no volvieron hasta horas después», señaló ayer el concejal de Recursos Humanos, quien confirmó que a los funcionarios que no puedan justificar debidamente su ausencia se les abrirá un expediente disciplinario. Eso sí, Giménez no concretó qué medidas se derivarán del expediente, como tampoco el número de personas a las que se les ha enviado la notificación: «La sanción dependerá del tiempo que estuvieron fuera de su puesto de trabajo».

Como publicó este diario, la Concejalía de Recursos Humanos, a través del Departamento de Inspección Laboral, ha remitido a trabajadores del Ayuntamiento notificaciones en las que les da un plazo de diez días para «justificar» la ausencia de su puesto de trabajo coincidiendo con el pleno municipal del pasado 15 de febrero, en el que protestaron diferentes colectivos de trabajadores municipales por las políticas laborales del gobierno local. El requerimiento subraya que, «teniendo en cuenta que legalmente no existe permiso para tal efecto y que la pausa durante la jornada debe efectuarse entre las 10 y las 12 horas», el trabajador debe «indicar en el plazo de diez días desde la recepción de esta notificación los motivos de la ausencia de su puesto de trabajo».

El edil subrayó ayer que los funcionarios tienen media hora de descanso, pero que ese periodo que suele aprovecharse para almorzar no se puede disfrutar a cualquier hora del día. «Está reglamentado que sea entre las 10 y las 12 horas. Si no fuera así, la gente se iría a las 14.30 horas y ya no volvería a trabajar. Eso sí, en esa media hora, en el horario reglamentado, el funcionario puede hacer lo que quiera, pero no dejar su puesto de trabajo fuera de ese periodo», concretó el edil de Recursos Humanos. Desde CC OO, en cambio, se subrayó que la instrucción de la concejalía no es taxativa: «La instrucción de Recursos Humanos por la que se aprueba el calendario laboral 2018 y normas complementarias, en su punto 7, dice que dicha pausa se podrá disfrutar durante las horas centrales de la jornada (por ejemplo entre las 10 y las 12 horas si la jornada es de mañana y entre las 17 y las 19 horas si la jornada es de tarde), estableciéndose por cada jefatura los turnos necesarios con el fin de que las dependencias y los servicios queden adecuadamente atendidos». Además, desde el sindicato consideran un «error» enviar una carta al personal que acudió al Pleno a «demostrar su rechazo a la política de Recursos Humanos y a exigir soluciones a los problemas laborales que se han ido agravando durante este mandato».Desde el servicio jurídico de CGT, que acaba de abrir sección sindical en el Ayuntamiento, están «preparando alegaciones».

La decisión del ejecutivo municipal del PSOE tampoco sentó ayer nada bien entre sus exsocios de gobierno. En Compromís hablaron de «persecución» al funcionariado, acusando al concejal de hacer de «comisario político». A su vez, recordaron lo inapropiada que fue también la carta que Recursos Humanos envió a los funcionarios en pleno proceso de negociación de los presupuestos. Mientras, en Guanyar aseguraron que veían la decisión como un «atropello a los derechos de los trabajadores».

Compartir el artículo

stats