Una vez presentados los escritos de acusación y abierto juicio oral, el juez que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante ha dado un mes de plazo a las defensas para presentar sus escritos de conclusiones. El plazo es el mismo que se dio en su día a las acusaciones y es uno de los últimos trámites para elevar la causa a la Audiencia para que se celebre el juicio.

El pasado viernes el magistrado Manrique Tejada abrió juicio oral contra los exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.El instructor les lleva al banquillo por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. En el caso del promotor Enrique Ortiz Ortiz, sólo por cohecho y tráfico de influencias, al entender que éste no pudo beneficiarse del delito de aprovechamiento de información privilegiada, ya que el PGOU no llegó a estar vigente. En cambio, en el caso de las autoridades municipales considera que cometieron el delito en el momento en que facilitaron al promotor la información reservada. También iran al banquillo, los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa, y Javier Gutiérrez, exconcejal socialista; el empresario Ramón Salvador; dos empleados de Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico, así como el hermano del promotor, Virgilio Ortiz.

En el auto de procesamiento acordado hace más de un año el juez Manrique Tejada expuso que los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo pusieron el Ayuntamiento de la ciudad al servicio de los intereses urbanísticos del empresario Enrique Ortiz y éstos recibieron a cambio dádivas y regalo por parte del promotor investigado.

Esquerra Unida y la Fiscalía Anticorrupción solicitan 10 años de prisión para Castedo y Alperi, mientras que el Ayuntamiento pide cuatro años. Para Ortiz, el fiscal solicita ocho años, el Ayuntamiento cinco y EU 13 años. El juez les fija una fianza de 1,3 millones para garantizar el pago de la responsabilidad civil, que es el gasto que supuso para el Ayuntamiento la fallida tramitación del plan general.

Ahora es el turno de las defensas, que tendrán un mes de plazo para contestar lo que las acusaciones planteaban en sus escritos de conclusiones.