El último auto del TSJ sobre el plurilingüismo, que mantiene la amenaza de elevar al Constitucional el actual decreto-ley que este curso se aplica para la enseñanza en lenguas a los niños de 2 y 3 años, ha llevado a los representantes de los padres de alumnos a lamentar que en tan solo cinco años, los políticos hayan aprobado cuatro normativas sobre el plurilingüismo a base de «llevar la enseñanza al debate jurídico».
En nombre del Foro por la libre elección de lengua vehicular, que agrupa a representantes de padres tanto de centros públicos como concertados a nivel provincial y autonómico, Ramón López valora que el TSJ haya decidido pronunciarse sobre el decreto de plurilingüismo inicial que recurrió este colectivo «porque el decreto ley que después aprobó el Consell en septiembre se vio como una jugada para evitar la suspensión total de su plurilingüismo».
López arremete contra el Consell por «intentar poner barreras con ese decreto-ley para que la sociedad civil participara con alguna modificación, porque solo podían recurrirlo el Gobierno central o 50 senadores y diputados».
Lamenta ahora en nombre de este colectivo de padres que «por culpa de que los políticos no lleguen a consensos, los niños han visto cambiar la enseñanza en lenguas continuamente y sigue la amenaza de que vuelva a cambiar porque así lo han advertido ya desde la oposición si consiguen los votos en próximos comicios».
Por su parte, la portavoz de Educación del PP, Beatriz Gascó, volvió a exigir ayer al president Puig «que cese a Marzà y retire la nueva ley antes de que sea demasiado tarde, y no vuelva a imponer a nuestros niños una norma ilegal». La dirigente popular responsabiliza a Puig de «haber permitido la ideologización catalanista y haber entregado al PSPV al nacionalismo más radical».
Puig replicó en Elche que el modelo de plurilingüismo es «constitucional» y lamentó que se quiera reabrir el conflicto «por un puñado de votos».
