El mismo día que el Consell ha puesto en marcha la nueva Ley de plurilingüismo, que se aplicará el curso próximo tras publicarla ayer en el Diario Oficial de la Generalitat, los jueces del TSJ le dan un nuevo varapalo, con un auto que mantiene viva la amenaza del Constitucional sobre el modelo plurilingüe del conseller Vicent Marzà que está vigente este curso para los niños de 3 años.

Los magistrados sostienen que el decreto ley que aprobó in extremis el Consell el pasado mes de septiembre, para evitar la repetición de la matrícula entre los niños de 2 y 3 años que accedían por primera vez al colegio, «mantiene en su mayor parte los efectos del decreto derogado», según indica la resolución judicial.

Este nuevo auto hace alusión al decreto de plurilingüismo inicial, aprobado por el Consell en enero de 2017, y que quedó suspendido cautelarmente por e TSJ y derogado después por el propio Consell en verano. Por estar derogado, los responsables educativos pidieron al TSJ que se retiraran todos los procedimientos judiciales que generó, con recursos de sindicatos docentes como USO, ANPE y CSI.F, además de las formaciones de padres de alumnos integradas en el Foro por la libre elección de la Lengua vehicular y, entre las instituciones públicas, únicamente la Diputación Provincial, que logró la suspensión.

Los magistrados no han aceptado la petición de Educación de archivar los recursos abiertos contra el plurilingüismo inicial y dan un tirón de orejas al Consell advirtiéndole de que con el decreto-ley para Infantil -el que está vigente este curso para los niños más pequeños- se ha tratado de «salvar el escollo que suponía la existencia de tres resoluciones incumplidas» contra el decreto suspendido.

Para el TSJ las «medidas urgentes» adoptadas por Marzà en modo decreto ley «asumen los proyectos lingüísticos de centro resultantes de la aplicación del decreto suspendido y mantienen en su mayor parte sus efectos». De ahí que concluya considerando que el decreto inicial, pese a estar derogado, sigue vigente «desplegando sus efectos», por lo que ve «necesario un pronunciamiento de este Tribunal en las causas aún pendientes». Y por lo mismo mantiene abierta la vía de elevar el asunto al Constitucional, tal y como pidió la Diputación Provincial de Alicante iniciado el curso.

La Conselleria de Educación insistió ayer, tras la lectura del nuevo auto judicial, en que el decreto aprobado por el Consell en los primeros compases del año pasado «se derogó el 29 de diciembre de 2017 en el pleno del Consell».

También sostienen desde el gabinete de Marzà, que el decreto ley para los niños de 2 y 3 años «está también derogado con la entrada en vigor de la Ley de Plurilingüismo que se ha publicado en el DOGV», en el boletín de ayer.

Para Educación, «ni el decreto ley del 1 de septiembre de 2017, ni el decreto de plurilingüismo del 27 de enero de 2017 existen ya. Están ambos derogados», y partiendo de esta premisa concluye que este auto del TSJCV «continúa un proceso jurídico sobre una normativa derogada, es una decisión del tribunal que no afecta ni al alumnado, ni a sus familias, ni al funcionamiento de los centros».