El magistrado Manrique Tejada ha abierto juicio oral a los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, así como el promotor Enrique Ortiz por los presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Alicante. Los dos exrepresentantes municipales están acusados de revelar información privilegiada del futuro planeamiento urbanístico de Alicante y de haberse beneficiado de dádivas de éste.Esta decisión judicial acerca el caso a juicio, aunque el siguiente paso será emplazar a las defensas a que presenten sus escritos de conclusiones.
Al banquillo irán otros seis acusados, entre los que se encuentran los abogados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, cuyo despacho resolvió alegaciones en la tramitación del PGOU bajo sospecha, así como el promotor Ramón Salvador, a quien se acusa de haberse valido de los servicios de éstos para logar una recalificación. Los otros tres acusados son un hermano de Ortiz, Virgilio, así como Santiago Bernáldez y Pablo Rico, por presuntas entregas de dinero a Alperi en su domicilio.
El juez establece una fianza de 1,3 millones de euros que deberán abonar de manera solidaria entre los acusados. Ésta es la cantidad en la que el Ayuntamiento cifra el dinero que supuso para las arcas públicas la fallida tramitación del Plan General de Alicante.
A los dos políticos se les imputan delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. El juez ha excluido en el auto el delito de aprovechamiento de información privilegiada para Enrique Ortiz, delito por el que sí le pedían penas las acusaciones, después de que éste le hubiera retirado expresamente este delito cuando le procesó.
La Fiscalía reclama para Alperi y Castedo penas que suman diez años de prisión, mientras que para Ortiz se reclaman ocho años. La acusación particular que ejerce Esquerra Unida solicita también diez años de prisión a los dos exalcaldes, pero en el caso del empresario se elevan hasta los tres años. La otra acusación que ejerce el Ayuntamiento de Alicante reclama más de cuatro años a Castedo y Alperi, mientras que para Ortiz se solicitan más de cinco años.
