La Audiencia Provincial ha rechazado el primero de los recursos de las defensas de los investigados por el presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. Los magistrados de la Sección Segunda han respaldado a la juez instructora María Luisa Carrascosa en sus argumentos de no volver a citar a dos técnicos municipales para ser interrogados sobre la organización de la Gala del Comercio del año 2013. En esta causa están investigados el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri y dos de sus asesores, Lalo Díaz y Pedro de Gea. La juez les ha procesado por catorce facturas que suman 144.000 euros bajo sospecha de ser contratos fraccionados. El recurso contra el procesamiento todavía debe ser resuelto por la misma sala.
La defensa de Díez y De Gea quería que volvieran a testificar dos técnicos para responder sobre ciertas cuestiones de la organización de la Gala de Comercio en 2013. Los gastos bajo sospecha son los de la Gala de Comercio y la Campaña de Navidad de 2016, así como la imagen de los mercados municipales.
Los magistrados respaldan a la instructora en su decisión de no citar a estos testigos, al considerarlo una una diligencia innecesaria. Los jueces argumentan que el cómo se organizara la gala de 2013 «no afecta al carácter penal de los hechos investigados, sin perjuicio de la relevancia que pudieran tener para conocer las dinámicas de trabajo, debate más propio del juicio oral, acto para el que podrán citarse los testigos cuya declaración ahora se pretende». La sala señala que la tutela judicial efectiva «no supone un derecho absoluto a practicar toda la prueba propuesta».
De la decisión de ayer se desprende que los jueces dan la investigación por terminada y consideran que no cabe la práctica de nuevas pruebas.
Junto al recurso contra el auto de procesamiento, la sala tiene sobre la mesa otras dos quejas más presentadas por las defensas planteando que se les debería haber dado más tiempo para presentar su apelación.
El jefe de Gabinete de Alcaldía Lalo Díez insistió ayer en que los hechos que investiga el juzgado son «administrativos» y que no se pueden comparar con los casos de corrupción que han salpicado al PP. «No se puede comparar un señor que atraca un banco, con otro que no pone el ticket de la zona azul», dijo. En esta línea explicó que «no estamos hablando de nadie que haya metido la mano en la caja, sino de unos trabajos, que hasta la juez reconoce que se prestaron y a precios de mercado, se tenían que haber contratado en un lote o por separado».
La portavoz adjunta del PP, Mari Carmen de España, aseguró que el rechazo del recurso «compromete aún más la situación política del alcalde». A su juicio, «lo que se ha intentado es pedir más diligencias para retrasar el procesamiento y no les ha salido bien». De España dijo que «Echávarri ya tiene un pie levantado a punto de traspasar todas las líneas rojas en política».
Coincidiendo con este fallo de la Audiencia, el PP en el Ayuntamiento lleva al Pleno de hoy una iniciativa instando a que a partir de ahora se dé cuenta de los contratos menores en la Mesa de Contratación.
La iniciativa persigue «que en la misma se dé cuenta y se conozcan los contratos menores de obras que se tramiten y suscriban por las diferentes áreas municipales», explicó el portavoz del PP, Luis Barcala, que propuso cambiar las funciones de la Mesa de Contratación, incluyendo un nuevo apartado.
«Tenemos conocimiento de que el Ayuntamiento está tramitando la puesta en marcha de una plataforma para controlar mejor estas adjudicaciones de contratos menores, pero hasta su puesta en funcionamiento consideramos que es necesario llevar a cabo de esta modificación en el funcionamiento de la Mesa de Contratación», explicó.
