Después de una década de investigación de la mayor causa judicial por corrupción abierta en la ciudad de Alicante, el PSOE ha renunciado tanto a formular acusación contra los procesados por los presuntos amaños del PGOU, entre ellos los dos últimos alcaldes del PP y el empresario Enrique Ortiz, como a seguir personado en el proceso.
Ayer mismo, cuando expiraba el plazo para presentar las acusaciones, el partido que en la ciudad dirige Gabriel Echávarri, también alcalde, comunicó que se aparta del procedimiento al no considerar «necesario ni tampoco práctico la reiteración y redundancia de las mismas acusaciones formuladas ya por los principales garantes del interés público», en alusión a la Fiscalía y al Ayuntamiento.
En el escrito presentado en el juzgado, el PSOE explica que «los objetivos» que le llevaron a personarse era que unos hechos «presuntamente constitutivos de múltiples delitos no quedaran en el archivo» y que éstos «han quedado plenamente garantizados» dado que se van a terminar juzgando.
El PSOE, que entre otros procedimientos está personado en la causa por la financiación ilegal del PP que se está juzgando estos días en la Audiencia Nacional, considera que con las actuaciones de la Fiscalía y del Ayuntamiento (que se personó cuando el tripartito se hizo cargo de la gestión municipal) «el legítimo interés de todos los alicantinos y alicantinos se encuentra plenamente representado y garantizado».
El juzgado recibió ayer el último de los escritos de acusación, el de la Fiscalía Anticorrupción. Un voluminoso informe de más de 500 folios en el que se desgranan las supuestas irregularidades en la tramitación del PGOU. El fiscal reclama multas de más de 200 millones para los principales investigados por los presuntos amaños, además de las penas de prisión que llegan hasta los diez años.
La base en la que se apoya el fiscal para proponer las sanciones económicas son el polémico informe cuestionado por las defensas que cifra en 42 millones los supuestos beneficios que habría obtenido el empresario Enrique Ortiz de haberse aprobado el plan bajo sospecha, así como en las presuntas dádivas percibidas por los políticos. A los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi les acusa de haber facilitado datos reservados sobre el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad al promotor a cambio de regalos.
Para cada uno se reclaman penas que suman diez años de prisión por los delitos continuados de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. La multa que se pide para Castedo por los presuntos amaños asciende a un total de 126 millones de euros, el triple del beneficio que habría obtenido Ortiz. Además se reclama otra multa de 389.848 euros por las supuestas dádivas recibidas del empresario. Entre ellas se incluyen dos viajes a Andorra en las navidades de 2008 y 2009 (4.612 euros), otros dos viajes a Ibiza en embarcaciones de Ortiz en los veranos de esos años (241.887 euros), un vehículo (13.400 euros), así como otras no cuantificadas como colocar a conocidos en las empresas de Ortiz y tarjetas de aparcamiento. También se reclaman penas que suman los 24 años de inhabilitación de cargo público.
En el caso de Alperi, la multa solicitada por los supuestos amaños es de 63 millones, el 50% más de lo que se consideran los beneficios de Ortiz. Las dádivas presuntamente recibidas por Alperi del empresario se cuantifican por la Fiscalía en 453.157 euros y se pide por ellas otra sanción de 679.735 euros. Entre estos regalos, el fiscal cita un viaje a Creta en un jet privado (36.000 euros), los pisos destinados a los hijos del exprimer edil (324.000 euros), un palco en el Estadio Rico Pérez (3.150 euros), entregas en metálico (60.000 euros), y dinero aportado para una empresa del hijo del exprimer edil (30.000 euros).
Regalos sin cuantificar
También se relacionan otros regalos sin cuantificar como una fiesta en el yate de Ortiz, la finalización de los trabajos de una promoción de viviendas del hijo de Alperi, así como la contratación de una conocida en otra empresa de Ortiz. A ello se suma la petición de 29 años de inhabilitación, cinco más que a Castedo, porque a Alperi se le acusa además de cómplice en un delito de prevaricación.
Para Enrique Ortiz se reclaman penas inferiores que las que se piden para los dos políticos, un total de ocho años de cárcel por corrupción de autoridades, aprovechamiento de información privilegiada y tráfico de influencias. El fiscal considera que el delito cometido por el empresario de aprovechamiento de información privilegiada se produjo en grado de tentativa. El plan general bajo sospecha nunca llegó a estar vigente y finalmente el Ayuntamiento lo retiró. Por el tráfico de influencias se reclama el pago de una multa de 84 millones, más otros 2,1 millones más por las supuestas dádivas que entregó a los políticos.
Para los abogados urbanistas Javier Gutiérrez, exconcejal socialista, y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa, se solicita para cada uno penas que suman diez años de prisión y otros 28 de inhabilitación por los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación. Según el fiscal, a través de este despacho se resolvieron alegaciones al planeamiento que a veces presentaron ellos mismos. El escrito de acusación relata que el despacho recibió 206.480 euros de Enrique Ortiz y del empresario ilicitano Ramón Salvador, uno pagos que el fiscal considera dádivas.
Para Salvador se reclaman tres meses de cárcel por un delito de corrupción de autoridades públicas. El promotor se presentó a declarar en el juzgado una vez finalizada la instrucción y aseguró que las exautoridades municipales ahora investigadas le presionaron para que pagara comisiones. Este acusado logró la reclasificación de una parcela en la partida Pla de Xirau tras contratar a los abogados Gutiérrez y Castedo.
Asimismo, para los procesados por haber realizado entregas de dinero en metálico en el domicilio de Alperi se les acusa de un delito de corrupción de autoridades. Por ello se pide un año y medio de cárcel para Virgilio Ortiz (hermano del empresario) y para Santiago Bernáldez (uno de sus hombres de confianza); mientras que para Pablo Rico se reclaman seis meses de prisión.
El fiscal destaca en su escrito la relación de «amistad íntima» de Ortiz con Castedo y Alperi, aunque éstos trataban de que no trascendieran al exterior, encubriéndola como relaciones institucionales. Pero, a juicio del acusador público, la amistad del promotor con los munícipes «se proyectaba hacia el beneficio de sus intereses económicos ». Según el fiscal, las dádivas del promotor «no se materializaban en actos puntuales por cada trato de favor urbanístico recibido, sino en un ofrecimiento permanente». A cambio, «tenía acceso directamente a los redactores del plan general obteniendo las informaciones que precisaba y marcando las pautas que más le beneficiaban», argumenta.
Anticorrupción relata hasta tres entregas por parte de Castedo y Alperi de planos del futuro planeamiento urbanístico cuando aún era reservado, información privilegiada que le llevó a adquirir suelo en parques naturales para obtener más edificabilidad en otras zonas.
El miércoles entregaron sus escritos las acusaciones de EU y el Ayuntamiento de Alicante. La formación de izquierdas también reclama diez años de cárcel para Castedo y Ortiz, mientras que para Ortiz pide 13 años. El Ayuntamiento solicita a los dos exalcaldes cuatro años y para Ortiz, cinco.
