Nuevo capítulo en la batalla interna que se vive en Esquerra Unida y en su marca blanca en el Ayuntamiento de Alicante, Guanyar. Las dos asesoras afines al bando oficialista liderado por el coordinador local de EU, José Luis Romero, y el portavoz municipal, Miguel Ángel Pavón, han impugnado la selección de los cargos de confianza del grupo municipal, un proceso que se activó a finales del pasado año tras la ruptura del tripartito y forzado por la facción de los críticos, representada, entre otros, por el portavoz adjunto municipal, Víctor Domínguez, y el excoordinador local de EU José Antonio Fernández Cabello.
Dos de las tres actuales asesoras del grupo municipal [Paloma Serrano y Esther Rubio] han impugnado el proceso de selección de los tres nuevos miembros del personal de confianza (que se repartirán dos sueldos tras la salida de Guanyar del equipo de gobierno), alegando cinco motivos. Entre ellos, que la impugnación presentada en su día por el actual líder local de EU [que se juega su cargo en la asamblea convocada para este viernes tras la crisis interna que ha dividido en dos la formación] «no ha sido resuelta». Las asesoras también entienden que «no ha lugar al proceso» actual ya que, sobre la selección del personal que tuvo lugar en junio de 2015, «se entiende que el compromiso laboral es por cuatro años», además de que las bases del proceso «alteran la composición de la comisión evaluadora», un cambio que, a juicio de las recurrentes, «interfiere en la legítima capacidad de decisión de los concejales a la hora de seleccionar al personal». Las dos asesoras también subrayan que la votación de la asamblea en la que se dio luz verde a la nueva selección «no respetó» los estatutos de la formación. Pero las asesoras no se limitan a impugnar el proceso en un escrito dirigido a la Mesa de Coordinación de Guanyar, sino que también piden amparo a EU, formación a la que pertenecen todos los concejales de Guanyar. En un documento registrado en el Síndic de Greuges de EU, las asesoras reclaman la suspensión cautelar del proceso «hasta que se resuelva la impugnación para evitar así lo que podría suponer un grave perjuicio en el ámbito laboral».
