Un lío más del Ayuntamiento de Alicante con los nuevos contenedores para recogida de residuos orgánicos. El grupo de gobierno socialista ha paralizado la compra de 400 unidades para recoger en el centro y en los barrios 10.000 toneladas anuales de residuos destinados a compostaje, con un coste de unos 800.000 euros dentro de las inversiones sostenibles, tras impugnar una mercantil de València el concurso que la Junta Local de Gobierno aprobó en diciembre al entender que crea «una restricción inasumible del principio de libertad de concurrencia», al realizar unas exigencias que solo cumple una empresa: contenedores con doble apertura.
El PSOE se ve en medio de este charco al hacer suyo el pliego de condiciones que en su día abanderó el exconcejal Víctor Domínguez cuando Guanyar formaba parte del gobierno tripartito. Domínguez ya tuvo problemas con la instalación de 125 contenedores marrones en grandes centros productores de residuos, como mercados, colegios o polígonos industriales en una primera fase del mismo proyecto.
El edil modificó el contrato de la limpieza para comprarlos, con sobrecostes del 20% según denunció el PP, puesto que se optó por una empresa catalana cuando en Biar hay otra que fabrica recipientes similares. Domínguez tenía intención de llevar adelante la compra de los 400 nuevos contenedores pero el portavoz de su grupo, Miguel Ángel Pavón, paró la inversión al relevarle de la Concejalía de Limpieza y asumirla él mismo en la última etapa del tripartito. Pavón dijo ayer que «algo no se ha hecho bien, se piden unas especificaciones técnicas excesivas. No sé por qué no lo cambiaron», dijo sobre el pliego aprobado por el PSOE.
El recurso de la empresa valenciana ha obligado al equipo de gobierno socialista a parar la licitación mientras lo resuelve el Tribunal Administrativo Central, dependiente del Ministerio de Hacienda, al que ha remitido todo el expediente con un informe de dos técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente que recomiendan suprimir las especificidades objeto de la alegación «en la medida en que pueda suponer una restricción de la competencia (...)».
La empresa que impugna considera que el Ayuntamiento estaría favoreciendo a una empresa gallega que tiene la patente del modelo que se pide en el contrato, es decir, contenedores con un sistema de doble apertura, «al suponer un monopolio temporal de explotación». Esos requisitos pueden influir en que no se hayan presentado ofertas, aunque desde el área de Limpieza que ahora lleva el edil del PSOE Fernando Marcos indicaron que hay tres interesadas. El concejal, que no quiso facilitar el recurso de la mercantil, dijo que los técnicos han visto que se puede resolver puesto que se elimina una condición excluyente para que se puedan presentar las empresas que quieran. El edil también aseguró que se envía todo al Ministerio de Hacienda para evitar un contencioso sin explicar el por qué de ese temor, y afirmó que los incumplimientos en materia de recogida de residuos pueden suponer una multa millonaria por parte de Europa al Ayuntamiento de Alicante.
El PP cree que el PSOE no se leyó el pliego de condiciones de Víctor Domínguez, lo que puede acabar, advierten, con la anulación de todo el proceso, y la pérdida de 800.000 euros de inversiones sostenibles. Aparte de considerar que un proceso de licitación no se puede modificar cuando ya se ha iniciado. Desde Ciudadanos, el edil Antonio Manresa mostró su asombro porque el PSOE haya recuperado una licitación que se paralizó cuando aún gobernaba el tripartito, porque «supuestamente olía mal y no sólo por las especificaciones técnicas, también por el precio del contenedor, 800 euros unidad, a lo que habría que añadir el coste del sistema de apertura, en este caso por tarjeta, lo que sumaría otros 550 euros por unidad».
Por su parte, Natxo Bellido, de Compromís, que llevó Contratación en el tripartito, augura que, según lo que diga el tribunal administrativo, el procedimiento peligra sobre todo si una parte del pliego no está bien redactada, lo que supondría reiniciar la licitación.
