Las pruebas ya no las dan solo las huellas repartidas por el escenario del crimen. Los aparatos digitales se han convertido en una fuente de información muy valiosa en las investigaciones policiales, ofreciendo una serie de datos con notable relevancia a la hora de resolver casos.

El pasado mes de julio, la Policía Nacional estrenaba en Alicante el departamento de Informática Forense, una de las ramas científicas del cuerpo que en pocos meses lleva analizados alrededor de 200 dispositivos electrónicos, de los que el 85% están relacionados con delitos de pornografía infantil.

Saltan las alarmas. Los agentes se trasladan al domicilio de un sospechoso que podría tener en su posesión contenido sexual relacionado con menores. Abren la puerta y, con conocimiento de causa, el investigado echa a correr y lanza su ordenador por la ventana. El aparato cae en la piscina de la urbanización, los policías lo cogen, lo precintan y, cuando el juez lo autoriza, se pone sobre la mesa de los informáticos forenses en la Comisaria Provincial.

Así, como en este caso real sucedido en los últimos meses en Alicante, es como llegan los elementos de trabajo al nuevo departamento de la Policía. «Al recibir este portátil, que había estado dentro del agua, le dimos con un spray y lo metimos en un horno a 50º para que funcionase.

Sacamos la información y, efectivamente, tenía pornografía infantilpornografía infantil», cuenta Juan Carlos Leal, subinspector de la Policía y responsable del equipo de Informática Forense.

«Cuando llega el momento de analizar un aparato, es importante saber qué es lo que se busca, por lo que nos dicen si se trata de un tema de robo de propiedad intelectual, conversaciones, trasferencias u otros documentos», explica el subinspector. Es entonces cuando comienzan con la extracción de datos, «más sencillo en el caso de los ordenadores y un poco más complicado en el de los teléfonos móvil».

Hacen una copia sobre la que trabajar, guardan el dispositivo original, y se cercioran a través de una firma digital de que lo que está es sobre lo que se está trabajando. «Una vez que ya hemos tomado la firma, hacemos un análisis de los datos borrados, lo que se llama en inglés carving, como arañar».

Algunos delitos con los que trabajan se cometen a través del móvil, como el caso de una menor de edad en Alicante que denunció que su pareja le podía haber hecho algo extraño en su teléfono porque se le acababa muy rápido la batería y resultó tener instalado un software espía que controlaba sus conversaciones y movimientos.

O el de una mujer que en la tienda donde llevó a reparar el móvil, aparte de un arreglo le robaron el poder de utilizar sus cuentas. Pero el grueso con el que trabajan los forenses informáticos tiene que ver con los delitos relacionados con la pornografía infantil.

«En el caso de que estemos en busca de pornografía infantil, buscamos imágenes y vídeos que han sido catalogados previamente como tal por cualquiera de las policías del mundo. Digamos que cuando se descubre una imagen, se clasifica y se sube a una base de datos», explica el responsable de este departamento de la Policía Científica en Alicante.

Todo el tráfico que viaja por Internet se comprueba con esta base de datos. Y si se detecta un archivo ilegal, le salta un aviso a la compañía con la que el pederasta está conectado a la Red, quienes avisan a la Policía. «Entonces se hacen investigaciones, se conoce quién es la persona y se informa al juez, quien da la autorización para que se entre al domicilio», cuenta Leal.

No todos estos delincuentes son expertos, aunque, como explica el subinspector, van aprendiendo en foros donde se dan consejos sobre cómo evitar ser pillados. «Una de las cosas más habituales es conectarse la wifi del vecino y hacer todas las maldades posibles pensando que la Policía no va a llegar a ellos. Y, aunque eso es lo primero que pasa, después de un primer análisis se conoce que no ha sido él, sino que han utilizado su router para conectarse». «Todo lo que pasa por los ordenadores queda registrado, aunque te conectes a la wifi de tu vecino».

En pornografía infantil hay tres niveles de ilegalidad: «el más bajo, agravado con una pena, es tener los archivos para consumo propio; el siguiente es tenerlos y compartirlos con otras personas; y el tercer nivel es la producción de las imágenes».

En la provincia se registran en torno a 70 casos al año en los que se precisa que actúen los forenses informáticos. Antes, estos se derivaban a Valencia, aunque desde el pasado junio se hace cargo este departamento en Alicante, desde donde ya se ha participado en alrededor de 40 sucesos.

«En vista del número de casos que teníamos en Alicante, y sabiendo los especialistas que cabía la posibilidad de tener, se creó la unidad, lo que ha resuelto el problema de inmediatez en la respuesta a los juzgados de los informes a realizar», explica Marisol Conde, jefa de la brigada de Policía Científica.