La Sección Cuarta de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por la UTE encargada de la construcción de la avenida de Dénia -acceso norte- y condena a la Generalitat Valenciana al pago de 14,7 millones de euros por los sobrecostes sufridos por causas imputables a la administración demandada, la entonces Conselleria de Infraestructuras que dirigía Mario Flores.
La resolución del Tribunal Supremo, comunicada hoy a las partes, estima el recurso de casación interpuesto por las mercantiles Dragados y Rover Alcisa SL contra la sentencia dictada el 20 de mayo por sección quinta de lo Contencioso Administrativo del TSJCV que rechazó la indemnización pedida por las mercantiles, según indica la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). En concreto, por los retrasos en la disponibilidad de los terrenos y la inclusión en el proyecto de la gran fuente ornamental en la rotonda de los Jesuitas. Avenida de Dénia que, además, todavía está pagando la Conselleria de Infraestructuras.
Un nuevo rejón para las arcas de la Conselleria de Vertebración del Territorio, que se suma al recibido en mayo de 2017, cuando el TSJ condenó a la Generalitat a pagar 9,5 millones de euros a la unión de empresas formada por Construcciones y Estudios, Luis Batalla, Rover Alcisa, y Torrescámara en concepto de indemnización por la rescisión en julio de 2012 del contrato para construir la autovía CV-95 y agilizar así la circulación de vehículos en la costa de la Vega Baja. La Conselleria de Infraestructuras, entonces dirigida por la popular Isabel Bonig, anuló de manera unilateral el proyecto (466,7 millones de euros) que había adjudicado en 2007 y nunca se recuperó.
La reclamación ahora de otros 14,7 millones de euros por daños y perjuicios se debe a las ampliaciones de plazo y los modificados contractuales, que el Supremo comparte con las empresas que tienen como motivo directo y determinante el comportamiento de la Administración, según recoge la sentencia. La contratación de las obras a las citadas sociedades se adjudicó el 8 de junio de 2006, siendo fijado el precio final por resolución de 23 de junio del mismo año por la suma de 33.882.380,30 euros.
La sentencia especifica que "desde el primer momento", como consta en el acta de replanteo de 10 de noviembre de 2006, la Generalitat "incumplió con sus obligaciones contractuales con especial incidencia en la ejecución de las obras por el contratista", ya que era imposible" el inicio de las mismas por la falta de disponibilidad de los terrenos y por la discrepancia entre planos y presupuesto en unidades de obra", indica la resolución.
De este modo, el TS constata los incumplimientos de la administración demandada y cita el informe de 22 de abril de 2010 de la Jefa de Servicio de Contratación y Expropiaciones de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, efectuado a solicitud de la demandante, en el que se especifica que "las causas del modificado número 2 del proyecto han venido motivadas por cambio de desvío de tráfico impuesto por el Ayuntamiento de Alicante, por la inclusión de una gran fuente ornamental y la ejecución de reposiciones de vallados y cerramientos no incluidos en el proyecto principal".
En ese sentido, el TS falla estimando el recurso de casación interpuesto por la UTE, anula la sentencia del TSJCV que desestimaba su recurso contencioso administrativo y condena a la Generalitat al pago de 14,7 millones de euros de indemnización.
La Conselleria de Infraestructuras adjudicó en 2008 la remodelación de la avenida de Dénia a la unión de empresas formada por Dragados y Rover-Alcisa por 34 millones de euros, a los que se añadieron otros 16 millones dirigidos a las expropiaciones; quince aportados por la Generalitat y un millón por el Ayuntamiento.
El proyecto tenía un plazo de ejecución de 24 meses y el compromiso de la Administración era acabarlo antes de la salida de la Volvo Ocean Race. La obra cumplió plazos para llegar a la salida de la Volvo y en 2010 se inauguraba pero con tramos sin acabar como la conexión entre Goteta y la rotonda de los Jesuitas y el denominado acceso norte.
Ruina en diferido
Desolada y cabreada se ha mostrado la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, tras recibir este nuevo varapalo judicial, ajeno pero que deberá asumir y que supone un nuevo lastre en la política para ejecutar infraestructuras. " Ésta es una ma?s de las incontables sentencias que vienen condenando a la Generalitat al pago de enormes cantidades de fondos pu?blicos, y que tiene que asumir el actual gobierno valenciano, por sobrecostes o actuaciones mal ejecutadas realizadas por los anteriores gobiernos del PP", señala en un comunicado.
"Es un caso más de la ruina en diferido que ha dejado el anterior gobierno de la Generalitat del PP. Las obras se adjudicaron en 2006 por un importe de 33,8 millones de euros y fueron modificadas el an?o 2009, incrementa?ndose su importe en cerca de 6,5 millones por razones imputables a la Conselleria porque incluyó diversas actuaciones no previstas inicialmente en el contrato adjudicado", subraya Obras Públicas.
Desde la conselleria han lamentado la gran losa de pagos por indemnizaciones debido "a la mala gestión del anterior gobierno que se une también a la de los pagos aplazados que dejaron. En el caso de esta obra de la avenida de Dénia la actual Generalitat ha pagado ya 12,.5 millones de euros entre 2015 y 2017 y falta por pagar otros 12,5 entre 2018 y 2020 a los que hay que sumar ahora los casi 14,7 de la sentencia. "De hecho, la Conselleria se ve obligada diariamente a afrontar el pago de millones de euros como consecuencia de las deudas, sobrecostes, expedientes de ayudas y subvenciones sin pagar que ha generado la nefasta gestio?n realizada por los gobiernos del PP", denuncia Salvador.
"Por ello, resulta paradójico que el PP haya formulado en las Cortes hace unos di?as una peticio?n de comparecencia de la actual consellera para que informe sobre que inversiones nuevas esta? previsto ejecutar en la Comunidad Valenciana, cuando sería mas oportuno que pidiera la comparecencia de los anteriores responsables de la Conselleria (entre los que se encuentra la actual presidenta del PP Isabel Bonig) para que diera cumplida respuesta a los motivos que indujeron a todos esos descomunales sobrecostes y deudas de todo tipo",.señaló la consellera Salvador.9
