La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha declarado hoy desierto la adjudicación del contrato para el servicio de gestión integral del centro de acogida e inserción de personas sin hogar, que se licitó en unos 3,3 millones de euros y al que ninguna empresa se presentó.

Según la portavoz del equipo de gobierno, la socialista Eva Montesinos, aumentará la oferta para intentar atraer a alguna empresa. Fuentes del gobierno han concretado que se prevé incrementar el precio en unos 475.000 euros para los tres años.

El concurso se inició a finales del pasado mes de noviembre, en una oferta para tres años con una posible prórroga anual de hasta tres años. Las empresas pudieron presentar sus ofertas hasta el pasado 5 de febrero, pero finalmente nadie pujó por el contrato que ahora está gestionado por la Fundación Salud y Comunidad (FSC). La edil Montesinos ha asegurado que la intención del equipo de gobierno es volver a sacar a licitación el servicio en un plazo máximo de diez días. "Esperemos que se adjudique en dos o tres meses", ha añadido la portavoz del ejecutivo socialista tras la junta de gobierno celebrada hoy.

Por otro lado, el ejecutivo ha aprobado la suspensión del inicio de las obras de la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público en el ámbito de la rehabilitación del entorno de los castillos (Edusi de las Cigarreras) por la falta de consignación presupuestaria (673.000 euros), derivada de la falta de presupuesto para 2018. Según la edil Montesinos, si no se aprueban finalmente las cuentas para 2018, el gobierno buscará "alternativas" para presupuestar esta actuación, cofinanciada por la Comisión Europea.

La Junta de Gobierno ha remitido al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el recurso presentado por Tizor Hormigones (vinculada al empresario Enrique Ortiz) por el contrato del servicio de mantenimiento de calzadas y caminos públicos, después de que el Ayuntamiento rechazada el recurso interpuesto por la mercantil que quedó en segundo lugar en un concurso en el que se impuso por unos diez puntos la UTE formada por las empresas Mediterráneo de Obras y Asfaltos, junto a Sigma Infraestructuras.