La Audiencia ha devuelto al juzgado la causa que investiga presuntas irregularidades en la tramitación de las obras del Plan E en Alicante para que emplace a las defensas a pronunciarse sobre si debe ampliarse o no la instrucción judicial, según el auto al que ha tenido acceso este diario. Entre los investigados en la causa están el exvicealcalde de Alicante, Andrés Llorens, un funcionario de la concejalía de Atención Urbana y varios empresarios. La resolución anula el auto por el que el juzgado el pasado mes de junio amplió en 18 meses el plazo de la investigación a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. La prórroga se aprobó automáticamente sin esperar al plazo de tres días para que las defensas se pronunciaran sobre la petición, según planteaba el abogado de Llorens, Luis Delgado de Molina. La Audiencia considera que "es evidente" que no se escuchó a las defensas en una resolución, que según los letrados, "era de gran relevancia y que afectaba a sus posibilidades de defensa".
La investigación se abrió en julio de 2011 tras la detención de un funcionario de Atención Urbana y dos empresarios, con los que presuntamente se habría concertado para repartirse adjudicaciones del Plan E que puso en su día en marcha el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para intentar estimular la economía. Los proyectos bajo sospecha son las obras de reforma de la Explanada, de la Plaza de la Montañeta y el soterramiento de contenedores en el casco antiguo. Las pesquisas acabaron salpicando al entonces concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, al conocerse las relaciones laborales de su hermano con una de las empresas investigadas. Llorens se ha desvinculado de la adjudicación y sostiene que las obras fueron adjudicadas por los técnicos y que fue una de las adjudicatarias quien posteriormente optó por subcontratar los trabajos a la mercantil ligada a su hermano.
El juzgado de Instrucción número dos de Alicante declaró en su día la causa de especial complejidad. Éste es un trámite al que obliga la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que limita la duración de las investigaciones: seis meses para todos los asuntos y 18 meses para todos aquellos los procedimientos que tengan cierta dificultad. El pasado 6 de junio la titular del juzgado amplió por segunda vez el plazo de investigación para otros 18 meses a instancias de la Fiscalía. Según la Audiencia, esa decisión se adoptó sin haber emplazado a las defensas a que se pronunciaran. Por este motivo, la resolución anula el auto para que se subsane la omisión de oír a las partes, retrocediendo todo el procedimiento al momento anterior del traslado a las partes sobre la petición del fiscal y que posteriormente el juzgado emita la resolución que se considere conveniente.
