Stop Desahucios tira la toalla. La plataforma anunció ayer que ya no frenará en la ciudad de Alicante ningún desalojo de familias que hayan ocupado una vivienda de manera ilegal. Una decisión que la plataforma toma presionada por la situación de desgobierno que, aseguran, sufre la ciudad debido a las mafias que ocupan casas de manera irregular y por la dejadez de los servicios sociales.
«Alicante se ha convertido en una ciudad sin ley en la que las mafias campan a sus anchas e incluso vienen de otras provincias atraídas por la gran cantidad de pisos vacíos que ha dejado la crisis. Hay miles de casas ocupadas de manera irregular, que se revenden y se realquilan», denuncia Desiré Gómez, activista de la plataforma. La situación ha llegado a tal extremo que, según Stop Desahucios, «se han dado casos de personas que han ido a recoger a los niños al colegio y al volver a casa se han encontrado con personas dentro, que han dado una patada a la puerta y la han ocupado». Gómez añade que «en esta ciudad se está haciendo negocio con la necesidad de la gente y dentro de unos años se pagará caro».
En este contexto, a Stop Desahucios le es cada vez más difícil desarrollar su trabajo. «Comenzamos hace cinco años parando desahucios de familias a quienes la crisis había pasado por encima y no podían pagar la hipoteca y a quienes los bancos no ofrecían alternativa». Sin embargo, la situación es ahora distinta. «Hemos metido en vereda a los bancos, que ya aceptan la dación en pago o reestructurar la hipoteca y apenas tenemos desahucios que sean de una vivienda propia». El perfil de quien acude a la plataforma es ahora el de una persona que ocupa una casa propiedad de un banco de manera irregular. «En estos casos nos cuesta mucho saber si la persona de verdad está en una situación de necesidad, porque no tenemos las herramientas para ello. Nosotros pedimos papeles, pero a veces te los dan y a veces no e incluso hay ocasiones en las que cuando le dices a la familia de ir al Ayuntamiento a buscar una solución, desaparecen». Gómez asegura que en algunos casos se han encontrado con situaciones rocambolescas «como la de frenar un desalojo y que luego la familia haya realquilado la vivienda a otras personas o que cuando hemos subido a la casa tras parar un desahucio nos hayamos encontrado con una plantación de marihuana». En este contexto, Desiré Gómez asegura que «hay mucha gente que quiere una vivienda por la cara y nosotros no vamos a entrar en ese juego». El Ayuntamiento, añade, «es el único que está en disposición de saber si una familia está en situación de vulnerabilidad».
En la decisión de la plataforma aseguran que también ha pesado mucho la falta de soluciones al problema de la vivienda por parte del Ayuntamiento. «Les estamos haciendo su trabajo, hasta el punto de que cuando hemos ido al Patronato de la Vivienda para tratar de frenar un desahucio nos han dicho que lo paráramos nosotros». Stop Desahucios critica que en estos años de gobierno de izquierdas «no se ha hecho nada para solucionar el problema de vivienda social que sufre la ciudad y nosotros lo único que podemos hacer es poner tiritas, pero no acabar con la situación». Aunque no actuarán para evitar nuevos desalojos, Stop Desahucios anuncia una campaña de acoso contra el Ayuntamiento y los bancos. «Seguiremos denunciando la situación de las familias, pensamos llevarlos hasta el hall del Ayuntamiento y acampar allí si es necesario. Igual que vamos a seguir manifestándonos frente a los bancos que desahucien».
