El secretario general de Podemos en Alicante, Pascual Pérez, ha hecho referencia al anuncio del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de abrir el proceso para construir naves cerradas y en depresión para la carga y descarga de graneles en el Puerto de Alicante.
Haciéndose eco de la última resolución respecto al caso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pascual Pérez ha precisado que "el varapalo judicial al Puerto de Alicante y a los políticos que defendían su actitud, especialmente el alcalde, ha sido muy contundente al asegurar que, por encima de cualquier valor de la actividad económica, se halla la salud y la seguridad de las personas".
Ante el "riesgo" de que la autoridad portuaria trate de convertir el anuncio hecho en una mera declaración de intenciones, Pascual Pérez ha hecho un llamamiento a la consellera Elena Cebrián para que "ante la dejación del Ayuntamiento, que ha optado por no exigir el cumplimiento la sentencia del TSJCV, se reúna con la Plataforma de Afectados y garantice que en el Puerto de Alicante se construirán naves cerradas, como ya existen en el Puerto de València; que fije una fecha de pronto inicio de las obras y que explique detalladamente las medidas técnicas y de inspección que establecerá la Conselleria para que durante el periodo transitorio, desde hoy hasta la finalización de la construcción de las naves, el Puerto cumpla con la normativa medioambiental en el trasiego de los graneles".
Pascual Pérez ha señalado, tras una reunión interna sobre movimientos sociales, que "queda en evidencia el alejamiento de la realidad y de los intereses de la ciudadanía de Alicante que demostraron en el pleno municipal del jueves pasado tanto el Partido Popular como Ciudadanos, el Partido Socialista y Compromis, al votar conjuntamente en contra de que el Ayuntamiento aprobase una Declaración Institucional solicitando la instalación en el Puerto de Alicante de naves cerradas y en depresión".
Pascual Pérez ha indicado que "menos de veinticuatro horas después del pleno municipal, se reunía el Consejo de Administración del Puerto, dando un repentino giro a su posición de desatender sistemáticamente las demandas vecinales sobre la contaminación producida por los movimientos de graneles en el puerto. Este cambio no ha sido voluntario.
Lamentablemente ha tenido que recorrerse un largo período de protestas ciudadanas y varios procesos judiciales con sentencias dictadas a favor de las demandas vecinales, para que la autoridad portuaria al final haya decidido cambiar su posición".
Profundizando en las consecuencias del auto del Tribunal Superior autonómico de Justicia, ha manifestado que "es muy lamentable y doloroso constatar como, tanto el minigobierno municipal del señor Echávarri, como los portavoces de la oposición Barcala, Bellido y Giraldo, han dado la espalda no solo a las demandas de la Plataforma de Afectados por las descargas de los graneles del Puerto, sino también a la resolución del TSJCV, que pone los puntos sobre las íes al sentenciar taxativamente la pésima calidad del aire en la zona Sur de Alicante.
La consecuencia de la irresponsabilidad administrativa de haber dejado que el Puerto, al margen de todas las advertencias y demandas, haya estado violando continuamente con subterfugios los valores límites de contaminación fijados por las leyes, ha acarreado ya un lucro cesante de más de un millón de euros, está poniendo en riesgo cientos de puestos de trabajo y contrayendo la demanda ante la incertidumbre de la actividad portuaria".
Finalmente, el secretario general de Podemos Alicante ha reflexionado sobre las repercusiones políticas de la nueva situación. "Cabría preguntarse si el actual presidente de la autoridad portuaria, que ha personificado la resistencia del Puerto a atender las razonables demandas del vecindario, es la persona más adecuada para pilotar el viraje desde una actividad portuaria salvaje, sin control y contaminante -lo que probablemente ha influido en la espantada de los cruceros turísticos a otros puertos- hacia una actividad comercial respetuosa con el medio ambiente y que garantice los puestos de trabajo de la estiba a largo plazo".
Del mismo modo, ha asegurado que "el señor Echávarri debería asumir responsabilidades políticas por el fracaso judicial de su posición. Es una desgracia para Alicante tener un alcalde que es corresponsable de haber conducido un referente de la actividad económica y comercial de la provincia como es el Puerto de Alicante hasta el abismo".
