La juez que investiga al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, por el despido de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, ha citado a declarar como testigo al que fuera concejal de Cultura, Daniel Simón, antes de que se rompiera el tripartito. Simón deberá declarar junto con otra técnico municipal para aclarar posibles contradicciones sobre si el traslado de Catalina Rodríguez al Museo de la Lonja había sido notificado previamente. Ambos están citado para el próximo 5 de febrero. La citación se ha realizado a instancias de la Fiscalía que, de esta manera, ha rechazado la petición de la defensa para que archivara la causa. El fiscal no se pronuncia todavía sobre el fondo del asunto y su decisión queda a expensas de lo que se revele en estas comparecencias.

Junto a Echávarri también ha sido imputado el edil de Recursos Humanos Carlos Giménez. La juez trata de terminar si cometieron un delito de prevaricación con el cese de la trabajadora interina.

Una de las razones de peso por los que la denuncia se presentó en el juzgado por la Fiscalía fue el informe de la concejalía de Cultura donde trabajaba la interina cesada por Echávarri. El documento remitido por el edil de Guanyar Daniel Simón, responsable entonces de esta competencia, sostenía que desde Cultura nunca se solicitó prescindir de los servicios de Catalina Rodríguez. En el citado documento, se explicaba cuál era la situación de la interina y la de otros compañeros que se encontraban en su misma situación trabajando para la concejalía. Catalina Rodríguez fue contratada en el año 2010 con el cometido de poner en marcha las Cigarreras y el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). En el momento del cese estaba en el Museo de la Lonja, por decisión de la concejalía y sin que nadie hubiera planteado cesarla por esta situación, ni a ella, ni a ninguno de los otros interinos.

El alcalde defendió en la Fiscalía el despido argumentando que lo ilegal hubiera sido no hacerlo, ya que se encontraba en una situación de fraude de ley y por la que se exponía a ser denunciado en cualquier momento por los sindicatos.

El despido se produjo cuando el alcalde había sido denunciado por Luis Barcala en la Fiscalía Anticorrupción por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. Una denuncia que acabó investigando otro juzgado y por el que el primer edil acabó siendo procesado, junto a los asesores Lalo Díez y Pedro de Gea. La decisión del procesamiento está recurrida en estos momentos ante la Audiencia.

Fuentes cercanas al caso aseguraron que con estas declaraciones la instrucción judicial por el despido de la cuñada de Barcala podría estar a punto de finalizar. La denuncia contó con una amplia investigación en la Fiscalía, por lo que después ante el juzgado, las personas citadas sólo fueron a ratificar lo que ya manifestaron ante el Ministerio Público.