Alarma en los muelles. La sucesión de autos y sentencias en contra del movimiento de graneles en el Puerto de AlicanteAlicante ha terminado por desatar una alarma social en el colectivo de trabajadores y la propia Autoridad Portuaria, que ha visto como esta misma semana se ha suspendido la llegada de dos barcos graneleros y el último que pudo operar, el Spanaco, que trajo trigo para la empresa Harinas Bufort el viernes pasado no volverá de momento, y ha elegido Gandia para seguir moviendo una carga (cereal) que había recuperado Alicante en septiembre tras 40 años sin barcos. Ayer, la actividad laboral de los estibadores se había reducido un 90%, según José Castell, presidente del colectivo y, además, un nuevo auto del tribunal de lo Contencioso Administrativo 1 de Alicante ha activado el decreto del exvicealcalde de Alicante, Miguel Ángel Pavón, instando a las empresas que trabajan en el Puerto a pedir la licencia ambiental municipal.

El Puerto mueve al año 1,8 millones de toneladas de granel -103.290 toneladas en enero de 2017- con un impacto económico de 1,5 millones de euros, según trasladó la propia Autoridad Portuaria al Juzgado en sus recursos para tratar de parar la paralización de los graneles. Por su parte, la Cámara de Comercio mostró ayer su preocupación por la repercusión laboral que puede traer la paralización de los graneles e instó al Puerto y a la Conselleria de Medio Ambiente a resolver el contencioso.

José Castell, presidente de la Asociación de Trabajadores dependientes de la Autoridad Portuaria, alertó ayer de que «hasta el viernes por la tarde estábamos tranquilos, pero con la llegada de la Policía Autonómica y la paralización no se qué va a pasar. La prohibición no sólo afecta a los estibadores, sino a cientos de trabajadores que dependen de los graneles como son mecánicos, camioneros, empleados de las cementeras. Como esto siga así van a llegar los expedientes de regulación de empleo y si las empresas cierran, ya me dirán de qué van a comer las familias que dependen del salario que genera la actividad portuaria».

Castell trasladó la opinión de los trabajadores. «Yo llevo trabajando 30 años en el Puerto y no he tenido nunca ninguna enfermedad de esas que dicen los vecinos que pueden producirse por los graneles. Hay mucha especulación y se ha dicho mucha mentira como que les iban a construir una playa frente a sus casas. Castellón mueve mucho más granel que nosotros y ahí no hay ni siquiera pantallas cortavientos». El presidente de la Asociación de Trabajadores del Puerto rechazó, por otro lado, que «los acopios (granel) que se depositan en los muelles para su carga en los barcos superen la altura de las pantallas. Es mentira aunque los diga el juez o los vecinos. Que vengan al Puerto y lo vean».

Por su parte, Juan Bautista Riera, presidente de la Cámara de Comercio, exigió al «Puerto y a la Generalitat que aborden el problema y busquen una solución que sirva para trabajadores y vecinos. Urge tomar medidas porque si se desvían barcos, puede producirse una auténtica sangría de puestos laborales y eso no se puede permitir».

Mientras, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Alicante comunicó ayer a una de la empresas estibadoras que mueve graneles en el Puerto, en concreto Bergé Marítima, que ha caducado la suspensión cautelar que dictó el pasado noviembre por la que canceló el decreto del entonces vicealcalde de Alicante y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, que prohibía el movimiento de graneles en los muelles 13, 15 y 17 hasta que las mercantiles no obtuvieran la licencia ambiental municipal.

Según el auto hecho público ayer lunes, el Juzgado notificó el pasado 12 de diciembre a la empresa que tenía 20 días para formalizar la demanda, habiéndose dejado transcurrir el plazo, según el auto, sin presentar escrito alguno al respecto y sin devolver el expediente administrativo que le fue entregado el 13 de diciembre. Contra la resolución que no es firme puede interponerse recurso de súplica ante el Juzgado en los próximos cinco días, según reza el auto fechado el pasado miércoles.

La notificación llega tan solo tres días después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana revocara la autorización provisional que concedió al Puerto hace dos semanas para cargar graneles en tres barcos y, por tanto, volvió a suspender la actividad en los muelles, que se cierran a los graneles hasta que las pantallas cortavientos se dispongan en forma de «u» y sean más altas que el acopio de graneles.