Las reiteradas quejas de los vecinos de la isla de Tabarca, que llevan reclamando desde hace años numerosos servicios básicos de los que no disponen, han tenido eco en el Síndic de Greuges. Una de las demandas más solicitadas, como es romper su aislamiento en materia de transporte, especialmente en temporada baja, cuando apenas hay turistas, ha motivado que el Defensor del Pueblo Valenciano inste a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio que, «en el ámbito de sus competencias, ponga en marcha las actuaciones de estudio y los procesos de reflexión que resulten precisos para determinar si concurren, en el presente supuesto, circunstancias que aconsejen establecer obligaciones de servicio público en el transporte marítimo a la Isla Plana de Tabarca».
El Síndic recomienda que este «servicio público de transporte» se garantice «bajo condiciones de continuidad y regularidad», de acuerdo con la Ley 2/2014, de Puertos de la Comunidad Valenciana. Aunque el transporte a la isla de Tabarca se desarrolla en régimen de libre competencia, el Síndic le pide a la Conselleria que asuma sus competencias en materia de transporte marítimo al «no existir servicios regulares de cabotaje insular y no habiéndose establecido obligaciones de servicio público».
Hace un año, la Asociación de Vecinos de Tabarca «Isla Plana» solicitó la intervención del Síndic de Greuges en varios temas que llevan persiguiendo décadas. En las últimas semanas les están llegando respuestas positivas a sus demandas. Una vez que han recibido el respaldo del Síndic, los vecinos, según comenta la presidenta de la asociación, Carmen Martí, «exigimos al responsable de la situación, al Consell, que dé una solución».
En la actualidad, operan en la isla tres compañías privadas, que se ajustan a la demanda de cada temporada, empresas con la que los vecinos «nos llevamos bien, que hacen su trabajo y no son responsables del problema. Es la Administración la que tiene que reaccionar por lógica, la que tiene que garantizar el derecho a la movilidad y evitar el abandono de los pueblos», explica Martí. Especialmente preocupante es lo alejados que están los tabarquinos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alicante, «un plan del Ayuntamiento que nunca ha contado con Tabarca», recalca Carmen Martí.
La demanda básica de los vecinos consiste en disponer de tres enlaces al día, de ida y de vuelta, con Alicante y Santa Pola, uno a primera hora de la mañana , otro a mediodía y otro por la tarde-noche. El modelo donde basan su formato de transporte público ya se emplea en la isla canaria de La Graciosa, conectada con Lanzarote gracias a un sistema promovido por el Cabildo de Canarias y el Ministerio de Fomento que han mediado entre los residentes y las empresas de transporte para no solapar horarios.
Lejos de contar con una garantía de servicio, los vecinos de la única isla habitada de la Comunidad Valenciana dependen de la demanda externa para poder llegar a la península. En verano, hay problemas para subirse a barcos que llegan cargados de turistas,y en invierno, hay que llamar con antelación a alguna de las tres empresas que navegan hasta Santa Pola (desde Alicante no hay servicio a isla hasta el mes de marzo) y concertar con ellos el horario de ida y de regreso. «Y menos mal que les podemos agradecer la labor que nos prestan», dice Martí.
