El juez ha archivado la querella de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo contra el exedil de Urbanismo Miguel Ángel Pavón por el informe sobre las supuestas ganancias que el promotor Enrique Ortiz con los presuntos amaños en el Plan General de la ciudad, según la resolución a la que ha tenido acceso este diario. El magistrado no ve indicios de delito del falsedad en documento público, ni falsedad en documento pericial como planteaban los abogados de Castedo. La decisión, que no es firme y contra la que cabe recurso ante la Audiencia, se ha acordado sin haber practicado diligencia alguna.

La exalcaldesa argumentaba que el citado informe realizaba aseveraciones falsas sobre los terrenos para incorporarlo a la causa que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del documento urbanístico. El informe de la polémica no ha sido incorporado todavía a la causa del PGOU. El titular del juzgado de Instrucción cuatro de Alicante, Francisco Javier de la Torre, considera que el cauce procesal para invalidar estos documentos en otro procedimiento no es la interposición de una querella y que es algo que debe solventarse en el juzgado que investiga los hechos En la resolución, el magistrado descarta que se haya tratado de crear un documento "para reflejar una realidad inexistente". En esta línea, incide en que las inexactitudes no son delito. En esta línea, señala que las conclusiones de dicho informe pueden ser sometidas a contradicción en el juicio para poder rebatirlas.

En el informe, se aseguraba que Ortiz habría obtenido unas plusvalías de más de 42 millones de haberse aprobado el plan bajo sospecha cuando, según se recogía en la querella y advertieron varias de las defensas personadas en la causa, los datos de los que se parte son falsos o incorrectos.

Tal es el caso de las tres parcelas ubicadas en Fontcalent cuya propiedad se atribuye al empresario cuando, según consta en las documentación que obra en la causa aportada por la propia UDEF de la Comisaría de Alicante, éstas son de Vicenta Bonete Guillén, su dueña desde 1999 sin que desde entonces haya variado su titularidad. Un dato que «el arquitecto, funcionario municipal, señor Masanet Ivorra, no puede y, en todo caso, no debe desconocer, por cuanto además del Registro de la Propiedad, los funcionarios del Ayuntamiento de Alicante disponen de acceso a una completa base de datos en la que figuran las titularidades catastrales de las parcelas del término municipal».

La querellante agregaba que «con mayor razón el señor Pavón, concejal de Urbanismo, debía conocer al propietario de las parcelas de Fontcalent dado que fue él mismo quien encargó el informe personalmente e incluyó en el oficio una pormenorizada descripción de tales parcelas».

Se recogía también en la querella el caso de la franja entre el parque natural de Las Lomas del Garbinet y el APA9, de la que se dice en el informe que «no es urbanizable siendo recalificada a urbanizable durante los trabajos de revisión del Plan». Una afirmación que se tacha de «falsa» en tanto que estos terrenos son urbanizables desde marzo de 1993 por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. «Una realidad que no podía ser desconocida, no debía serlo, por el funcionario arquitecto adscrito al área de Urbanismo, dado que figura en el expediente municipal del procedimiento Contencioso-administrativo en el que los terrenos fueron declarados urbanizables». En la misma línea, y en cuanto a las tres parcelas que se le atribuyen a Ortiz en el ámbito del Saladar, se llama la atención tanto sobre el que ni ninguna pertenece al empresario o a algunas de sus sociedades y acerca del hecho de que la valoración no se haga sobre las fincas que enumera Pavón en su oficio sino sobre otras distintas.