El Síndic de Greuges, José Cholbi, ha dado un tirón de orejas al Ayuntamiento por el exceso de ruido en Alicante, poniendo como ejemplos de sus últimas resoluciones las procedentes de bares, terrazas y botellones de la zona de Santa Cruz y los alrededores del Mercado central.El defensor del pueblo valenciano recuerda que el ruido constituye uno de los motivos más importantes de quejas que recibe a diario. De hecho, tramitó en 2017 804 quejas por contaminación acústica en la Comunidad y emitió 74 resoluciones recomendando adoptar todas las medidas protectoras que sean necesarias para evitar el impacto de los ruidos.
La institución, en una nota, hace referencia a que «la pasividad municipal ante los efectos perjudiciales para la salud provocados por la contaminación acústica puede generar la responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal, con la consiguiente obligación de indemnizar los daños y perjuicios que se les pudiera causar a los vecinos afectados». Recuerda además que las Administraciones públicas tienen la obligación de actuar frente a esta vulneración de derechos. «Para ejercer este deber legal irrenunciable, los ayuntamientos cuentan con distintas herramientas administrativas que van desde sanciones económicas hasta la clausura de las actividades». A este respecto, Cholbi considera que la Administración debe ser más activa y eficaz a la hora de inspeccionar las actividades ruidosas en el control posterior del cumplimiento de las medidas correctoras exigidas ya que los ciudadanos a menudo denuncian el incumplimiento de las órdenes de cese de actividad. Y es que, tal y como el Síndic viene manifestando en sus resoluciones «la Administración debe evitar aquellas situaciones en las que resulta más rentable ir pagando unas sanciones de reducido importe que respetar el límite máximo de decibelios y cumplir el horario de cierre».
Denuncia vecinal
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Alicante ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional por la saturación acústica en los pubs de esta zona de la ciudad. Los residentes han reclamado que se abra un procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de las personas ante el silencio del Ayuntamiento para que se declare Zona Acústicamente Saturada a este entorno.
El juzgado ha dado un plazo de cinco días al Ayuntamiento para le remita el expediente, acompañado de los informes y datos que estime procedentes. La resolución advierte de que la falta del envío del expediente administrativo no suspenderá el curso de los autos. Asimismo, en la resolución se dice que con el envío del expediente, la Administración y el resto de los demandados podrán solicitar la inadmisión del recurso.
En la demanda, presentada tras la ruptura del tripartito en el Ayuntamiento, se reclama que declaren como testigos de los ediles de Guanyar Miguel Ángel Pavón y Víctor Domínguez. Ambos tenían las competencias municipales en Urbanismo y Medio Ambiente, respectivamente, antes de que se terminara el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante. La Fiscalía también deberá emitir un informe para pronunciarse sobre si se han vulnerado los derechos de los vecinos.
